A la caverna mediática no le han gustado mucho los excelentes resultados de Amaiur en las elecciones del pasado domingo, y todos coinciden que que fueron «la peor noticia».

«La Razón» decía en un punto editorial que «la peor noticia de una jornada histórica fue el resultado de la marca proetarra» Y añadía: «Amaiur alcanzó grupo parlamentario con un respaldo ciudadano desolador para la democracia». Lo verdaderamente desolador para la democracia es la actitud fascista de hurtar la voluntad de los ciudadanos.

También para «Abc», «la peor noticia de la jornada fue la irrupción de Amaiur con grupo parlamentario propio».

«El Mundo», en su editorial, tampoco disimulaba que los resultados no son del gusto de Pedro J.: «La peor noticia de las elecciones es el ascenso electoral de Amaiur, que logra siete escaños, superando los mejores resultados de Batasuna y accediendo a formar grupo parlamentario». Y si no conociésemos el talante democrático de «El Mundo», podría escandalizarnos la forma que propone de acceder o impedir el acceso a un parlamento: «El brazo político de ETA se convierte en una fuerza muy importante en el País Vasco, aprovechando la brecha abierta por la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar la coalición Bildu». Está claro que la legalización o no de Bildu no tenía que haberla decidido el Tribunal Constitucional, sino Pedro J. El caso es que el domingo Amaiur logró siete escaños gracias a los votos de cientos de miles de vascos, pero no acaba de entrarles en la cabeza que quien debe decidir son los ciudadanos. Entre los deberes que ya han empezado a ponerle a Mariano Rajoy, que aunque no era su candidato predilecto es lo que tienen, está el relacionado con la coalición independentista: «Una de las responsabilidades del nuevo Gobierno será vigilar cómo se comporta Amaiur y parar en seco cualquier pretensión de obtener ventajas por el adiós a las armas de ETA». La exigencia del respeto a todos los derechos les parecen ventajas, y disimulan su carácter facha con una trampa que no cuela. Antes justificaban cualquier vulneración de derechos por la actividad armada de ETA y ahora pretenden seguir justificándola por el fin de esa actividad.