Nueve jóvenes juzgados en la AN instan al Estado a reconocer la tortura
El juicio contra nueve jóvenes acusados de «integración en organización terrorista» por su supuesta pertenencia a Segi y Ekin se cerró ayer con un nuevo alegato en contra de la tortura. Alberto López Iborra, uno de los acusados, tomó la palabra para instar al Estado a reconocer estas prácticas y tomar medidas para que no vuelvan a repetirse. Las defensas piden la absolución mientras que el fiscal se mantiene en su solicitud de entre 8 y 10 años de cárcel,
Alberto PRADILLA | MADRID
«Voy a ser breve. Nuestro reto personal de cara al futuro y de las personas que estamos aquí será superar el odio, el terror, el miedo y la tortura que padecimos durante cinco días de incomunicación». De este modo comenzó su intervención ayer en la Audiencia Nacional española Alberto López Iborra, uno de los nueve navarros que durante las últimas semanas han sido juzgados bajo la acusación de «pertenencia a organización terrorista» y que el fiscal justifica señalándoles como integrantes de las organizaciones políticas Ekin y Segi. «Sería conveniente, positivo y necesario para lograr una verdadera normalización que los estamentos competentes del Estado reconocieran el uso de la tortura y de sus consecuencias en determinadas operaciones policiales», prosiguió López Iborra, que permanece en prisión preventiva desde 2008 y que instó a los magistrados a adoptar medidas efectivas para acabar con estas prácticas.
La última sesión del juicio también vino marcada por las denuncias de las torturas padecidas por los acusados durante el período de incomunicación. Luis Goñi, el segundo acusado que tomó la palabra, lo hizo para recordar que «cuando nos obligaron a hacer las declaraciones no era algo que quisiéramos hacer nosotros, era algo que nos obligaron a decir».
«A mí, personalmente, me obligaron a decir que Alberto López Iborra era miembro de Ekin y, si me hubieran dicho que era el hombre del saco, lo hubiera dicho», explicó. Goñi, con la voz entrecortada, argumentó que su objetivo durante el periodo en el que permaneció arrestado era «acabar con el infierno que estaba pasando». Esta intervención tiene especial relevancia ya que todo el proceso se ha basado en las declaraciones obtenidas en comisaría, cuando los arrestados denunciaron haber sido torturados.
Precisamente, la semana pasada el Tribunal Supremo reiteró que las autoinculpaciones no son elemento de prueba suficiente para dictar condena.
A pesar de ello, y de que los vídeos que deberían de haber grabado la incomunicación de cuatro de los detenidos aparecieron con espacios en negro sin justificar, el fiscal mantuvo su petición inicial: 10 años para Maider Caminos y 8 para el resto. Las defensas, por su parte, instaron a la absolución al entender que no se han aportado pruebas. Además, recordaron que seis de los acusados llevan ya tres años en prisión preventiva.
La base fundamental en la que se apoya la acusación son las declaraciones policiales obtenidas durante la incomunicación, periodo en el que los arrestados denunciaron haber sido torturados.
La defensa de los acusados de pertenecer a Ekin recordó que esta organización se autodisolvió recientemente e instó al tribunal a que, en caso de condenar a los procesados, les imponga la pena mínima.
