No estamos ante la crisis del capitalismo, sino ante la crisis clamorosa del mercado como regulador de la economía, el empleo, la protección social, la escuela, la alimentación y la democracia. Pero el mercado, lejos de abordar su perestroika, refuerza su dictadura. Lo específico de esta crisis es su multilateralidad que se resiste, tanto a las recetas keynesianas como a las neoliberales, y su extensión, que llega a países y clases sociales beneficiarias de la globalización.

El poder económico controla las instituciones políticas, judiciales, mediáticas, académicas y militares, lo que explica que las políticas contra la crisis sigan en manos de quienes la han causado y se benefician de ella. Las políticas de empleo producen más precariedad y más desempleo y lo que el Estado ahorra bajando salarios, reduciendo plantillas y privatizando servicios públicos, se gasta en intereses y «rescates» a los bancos.

En el artículo primero de la Constitución de 1978, el Estado español se autodenomina «social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político». Al eliminar las leyes que protegen el trabajo y los derechos sociales para garantizar la sostenibilidad de una economía de mercado cada vez más destructiva, los gobiernos contravienen el eje vertebrador de la Norma Jurídica Fundamental. En estas condiciones, nuestra monarquía neofranquista profundiza, día a día, su carácter de cárcel de pueblos y dictadura parlamentaria del capital. En ella, el derecho de sufragio universal sirve, sobre todo, para legitimar a un capitalismo en huida hacia adelante destruyén- dolo todo.

Ante las elecciones generales del pasado domingo, el PSOE prometía todo para incumplirlo y el PP no proponía nada para no asustar. Desaparecida cualquier alternativa real, el elector racional demuestra su astucia votando al original (PP) en lugar de a la copia (PSOE). Pero también, muchas personas comprometidas con la emancipación social, se plantean la utilidad de un voto que convierte en democrático el aumento de la desigualdad, la corrupción y la lucha entre los de abajo. La envergadura de la crisis genera dos dinámicas contradictorias. Por un lado se suceden las catástrofes económicas, alimentarias, ecológicas y bélicas. Por otro, con el aumento de los perjudicados, aparecen nuevas formas de lucha que empiezan a desbordar los simulacros de la izquierda cómplice.

Lo importante es que, sin una fuerza popular que sostenga y controle a sus representantes políticos, cualquier reforma verdadera es inviable y que esa fuerza depende de nuestra acción directa y no de votar al mal menor. Hoy, la defensa de las libertades y de los derechos económicos, sociales y culturales, base material de los derechos humanos, exige colocar en segundo plano el poder constituido del estado y apostar por su fundamento, el poder constituyente, sustancia de la soberanía popular y la democracia.

Esta fuerza, hoy incipiente, debe protegerse de quienes, violando la Constitución, se autodenominan «constitucionalistas» y habiendo convertido la democracia en un instrumento del neoliberalismo, se presentan como «los demócratas». Este peligro, no solo está fuera sino, también, dentro de los movimientos sociales.

La autodeterminación popular es la escuela en la que el pueblo aprende a confiar en sus propias fuerzas y a reconocer los límites de la lucha corporativa, la diferencia entre amigos y enemigos y entre enemigo principal y enemigos secundarios. Simultáneamente, es el proceso de regeneración de la democracia y de la izquierda.

En el momento actual, considerar el voto como una actividad relevante para acabar con la impunidad de banqueros, especuladores y sus políticos a sueldo, es una equivocación, pero todas las situaciones no son iguales. Votar a organizaciones cuyos militantes se han construido en la lucha y la fidelidad a su pueblo no es lo mismo que votar a profesionales instalados en el capitalismo, el bienestar del estado y el doble lenguaje.

Debemos salir de un fetichismo extremista. Ni «cambiar el poder sin transformar la sociedad», ni «cambiar la sociedad sin tomar el poder», avanzando desde la autodeterminación y el poder constituyente en una participación social que imponga cambios del poder constituido que, a su vez, impulsen el poder constituyente.

Trazar una línea divisoria entre los movimientos populares y la izquierda capitalista es una operación tan necesaria como difícil. Tratar a compañeros como enemigos es un grave error, pero tratar a enemigos como compañeros, también.