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CRISIS ECONÓMICA

La eurozona mira al FMI para incrementar su fondo de rescate

A la eurozona no la cuadran las cuentas. Su objetivo de aumentar el fondo de rescate para respaldar a las debilitadas economías de Italia y el Estado español se ha topado con un obstáculo difícil de sortear: la falta de capital. Se confiaba en lograr la aportación de inversores extranjeros, pero no parece que estén por la labor. Las miradas se dirigen ahora al FMI. Quien sí está más cerca del dinero que necesitaba es Grecia, que roza con los dedos el sexto tramo del rescate.

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Imanol INTZIARTE | DONOSTIA

El tamaño sí importa. En la cumbre del pasado 26 de octubre, los líderes de la eurozona se propusieron aumentar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) hasta alcanzar un billón de euros. El objetivo de esta medida era construir un cortafuegos eficaz que frenara el contagio de la crisis de deuda a Italia y el Estado español, ya que este fondo de rescate podría respaldar ambas economías.

Éste era el punto principal del orden del día en la reunión de ministros de Economía de la eurozona convocada ayer en Bruselas. Al cierre de esta edición la cita no había finalizado, pero a la entrada las sensaciones eran bastante pesimistas. La falta de inversores extranjeros es la causa, al parecer, de que al igual que en el cuento de la lechera el cántaro se haya roto .

«Será muy difícil alcanzar algo alrededor de 1 billón de euros, quizá la mitad. Así que estamos buscando en otras partes y, en opinión de Países Bajos, tenemos que mirar al FMI y estar dispuestos, tanto los países europeos como los no europeos, a aumentar los recursos del FMI para que pueda intervenir más», manifestó el ministro holandés de Finanzas, Jan Kees de Jager.

El único ministro que se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar esa cifra redonda fue el francés François Baroin. «Es el objetivo, forma parte de los elementos del acuerdo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, así que debemos trabajar sobre ello».

El fondo de rescate sólo tiene disponibles en la actualidad 250.000 millones de euros, porque el resto ya se ha comprometido para Portugal, Irlanda y el segundo rescate de Grecia.

Todos los analistas consideran que esta cantidad es insuficiente para ayudar a Italia y al Estado español. En este último caso, la ministra de Economía en funciones, Elena Salgado, sostuvo que no se necesitarán avales del fondo de rescate para las emisiones de deuda, porque sigue financiándose «razonablemente bien, dadas las circunstancias». La prima de riesgo cerró ayer en 406 puntos básicos.

En Italia, pese al cambio de Gobierno, las cosas pintan peor, con su bono a diez años pagando un desorbitado interés del 7,23% en el mercado secundario. Mario Monti y su equipo trabajan a contrarreloj y la Cámara de los Diputados ya tiene sobre la mesa la propuesta para introducir la exigencia del equilibrio presupuestario en su Constitución, que incluye la creación de un «organismo independiente» que analizará, verificará y valorará las cuentas públicas del Estado.

Además, técnicos del Gobierno cifraron en unos 20.000 millones de euros el plan de ajuste presupuestario que tiene que aprobar el Estado para lograr el objetivo de cuentas fijado para 2013. El diario «La Repubblica» publicó que la Comisión Europea (CE) ha pedido a Italia la adopción inmediata de un plan de ajuste de 11.000 millones de euros, la reforma del sistema de pensiones y la flexibilidad en el despido de trabajadores.

Luz verde para los griegos

Volviendo a la reunión del Eurogrupo, éste dio luz verde al sexto tramo del paquete de asistencia financiera a Grecia, 8.000 millones que llevan en el alero desde el pasado verano. Ahora falta el visto bueno del Fondo Monetario Internacional.

El Eurogrupo ya se había mostrado en octubre a favor de conceder el sexto tramo de ayuda, pero la decisión fue bloqueada a raíz del anuncio de celebración de un referéndum sobre las medidas de ajuste, que finalmente no se celebró y además costó el cargo al ex primer ministro heleno, Yorgos Panpandréu.

Tras la salida de Papandréu, la troika -integrada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea- exigió a los principales líderes griegos una confirmación por escrito de su intención de aplicar el plan de reformas que provocó reticencias en el país.

Finalmente tanto el nuevo primer ministro griego, Lukás Papadimos, como el líder del partido conservador Nueva Democracia, Antonis Samaras, y el ex primer ministro Yorgos Papandréu enviaron una misiva en este sentido a la Comisión Europea.

En la reunión de Bruselas también se aprobó entregar a Irlanda el cuarto tramo del paquete de asistencia financiera a este país, de 11.500 millones de euros, de los que la Unión Europea aporta dos tercios y el Fondo Monetario Internacional el tercio restante.

El 33% de los españoles no confía en mantener su empleo

Una encuesta del Eurobarómetro publicada ayer señala que el 33% de los españoles se declara «poco o nada» confiado en mantener su trabajo en los próximos meses, frente a la media del 15% en la UE-27. Preguntados por el final de la crisis, un 71% de los ciudadanos de la UE sigue sin ver cerca la salida a esta situación. GARA

déficit cero

El Gobierno francés reveló que en sus conversaciones con Alemania para la reforma de los Tratados de la Unión Europea, anunciados la semana pasada, se incluye la exigencia de retornar al déficit cero en la zona del euro para 2016.

expulsión

El ministro de Finanzas luxemburgués, Luc Frieden, propuso que los países de la eurozona puedan sancionar o incluso expulsar a un Estado miembro que haya recibido ayuda financiera pero que haya incumplido los programas de austeridad impuestos a cambio del rescate.

bonos belgas

El Gobierno belga ha vendido cerca de 2.000 millones de euros en bonos dirigidos a los pequeños inversores privados, después de que hace unos días el primer ministro en funciones, Yves Leterme, llamara a los ciudadanos a contribuir en la lucha contra la crisis de deuda.

Londres culpa de su débil crecimiento a la eurozona

El Gobierno británico culpó ayer a la crisis en la zona euro de la ralentización de su economía, cuya previsión de crecimiento rebajó a un 0,7% en 2012, mucho menos que el 2,5% pronosticado inicialmente. El ministro de Finanzas, George Osborne, aseguró ante la Cámara de los Comunes, que el Gobierno de David Cameron hará «todo lo que haga falta para proteger al Reino Unido de la tormenta de la deuda, mientras hacemos todo lo posible para poner los fundamentos del crecimiento futuro». Osborne defendió su gestión económica basada en el recorte masivo del gasto público, la cual -subrayó- ha permitido un interés del 2,5% sobre su deuda soberana, frente a los altos intereses pagados por Italia o el Estado español. «Ayer mismo -por el lunes- tomábamos prestado dinero a un precio más bajo que Alemania» aseguró Osborne.

No obstante, reconoció que el déficit presupuestario, que se sitúa en unos 149.000 millones de euros anuales, no está bajando «tan rápido como sería de desear». El Gobierno de coalición conservador-liberaldemócrata se comprometió a reducir el déficit estructural del país en un periodo de cinco años, para 2015, pero ahora esa fecha se pospone hasta al menos 2016. Osborne, criticado por la oposición por sus «desastrosos planes económicos» y por no remediar el problema del desempleo, que supera el 8%, también anunció propuestas para estimular la economía.

Entre las más destacadas figura un plan de infraestructuras valorado en 35.000 millones de euros, que prevé construir en un plazo de diez años nuevos tramos de tren, carreteras o red de banda ancha de alta velocidad. Otras medidas serán un límite al incremento del impuesto sobre el combustible y de las tarifas de los transportes públicos, incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, mayor flexibilización del mercado laboral y más días de guardería gratuita para que las madres sin recursos puedan trabajar.

Como medidas de contención del gasto, se limitará por dos años a un 1% el incremento del salario del sector público, donde además se prevén 710.000 despidos para 2017, al tiempo que se adelantará una década, a 2026, la introducción de la nueva edad de jubilación, a los 67 años. Frente a ello, tres millones de funcionarios están llamados hoy a la mayor huelga prevista en Gran Bretaña en décadas, en protesta por las reformas impuestas a sus planes de pensiones. GARA

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