El proyecto presupuestario del Gobierno de Lakua para el próximo ejercicio contempla, en las disposiciones adicionales octava y novena, una reducción del 7% en las prestaciones destinadas a la garantía de ingresos y la inclusión social, y en las ayudas para la conciliación familiar y laboral, así como una limitación de la prestación complementaria de vivienda, cuya cuantía máxima no podrá superar en ningún caso los 250 euros mensuales. Al Ejecutivo le han llovido las críticas por este motivo, por parte de agentes sociales y políticos que le han reprochado el pretender reducir la cobertura social a decenas de miles de personas precisamente en el momento en que más la necesitan. La crisis está haciendo auténticos estragos, y reducir prestaciones como la RGI puede abocar a mucha gente a situaciones desesperadas.

A esta crítica de fondo, a través de la cual se reclama también una rectificación en el proyecto, hay que sumarle ahora el informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno, que el PNV cita en sus enmiendas, donde se advierte de que la aplicación de esas medidas podría atentar contra derechos consolidados de las personas afectadas, cuya conculcación podría acarrear a su vez una sucesión de conflictos de carácter legal, con un desenlace que sería incierto. Desgraciadamente, las instituciones vascas saben mucho de litigios legales con trasfondo económico de nefastas consecuencias para las arcas públicas, de modo que este informe debería ser lo suficientemente persuasivo para que el Ejecutivo autonómico se replantee el mantenimiento de esas dos disposiciones adicionales.

Las advertencias del informe constituyen una razón más para que el Gabinete de Patxi López, que no ha aplicado a infraestructuras como el TAV los recortes que sí prevé para sectores inermes ante la crisis, rectifique. Mantener la reducción de las ayudas sociales sería un empecinamiento que tendría consecuencias negativas para mucha gente, y también para el Ejecutivo.