El comité de Trelleborg Inepsa SA mostró ayer su «descontento» por la aprobación por parte del Gobierno de Nafarroa de un expediente de suspensión de contratos, que afecta a 178 de una plantilla total de 201 trabajadores y denuncia que detrás del ERE se «busca maquillar las cuentas de este ejercicio».

Según explicaron los representantes de los trabajadores, la empresa solicitó un expediente de suspensión de 15 días hasta el 31 de marzo de 2012. El Gobierno de Nafarroa autorizó 10 días. Según el comité, el Ejecutivo de Yolanda Barcina argumenta que «el convenio establece unos días de flexibilidad y que en el año 2012 la empresa podía aplicarlos sin necesidad de un expediente de regulación de empleo».

En opinión del comité de empresa, integrado por 4 miembros de UGT, 3 de ATI. (Agrupación de Trabajadores de Inepsa), 1 de CCOO y 1 de ELA, «resulta cuanto menos curiosa la facilidad con la que el Gobierno de Navarra aprueba un expediente de regulación por una supuesta bajada de pedidos, y a la vez la empresa está exigiendo una subida de producciones dentro del periodo de regulación».

En ese aumento de producciones, según denuncia el comité, Inepsa «quiere someter a la plantilla a niveles de riesgo de lesiones musculoesqueléticas inaceptables» que los trabajadores no piensan asumir, porque entienden que «si la empresa quiere suspender de empleo, los que se queden en la empresa no pueden sufrir las consecuencias de la elevación de los ritmos de producción, porque afectará a su salud. Es inadmisible», dijeron.

Junto a esto, los representantes de los trabajadores reprochan a la empresa que descuente de las nóminas de «la gran mayoría de los trabajadores, la prima de producción, cantidad que ronda un 25 % aproximadamente del salario, en una clara maniobra de presión y chantaje a la plantilla, que no entendemos y que es una provocación más».

El comité considera que la actual dirección pretende «maquillar la cuenta de resultados del año a través del ERE y con el descuento de la prima que está realizando».

Así, se pone «en peligro la viabilidad, el futuro de la planta y el porvenir de 200 familias», añade el comité, que muestra su disposición a defender los derechos de los trabajadores a través de la negociación y el diálogo.