Debates presupuestarios
Lakua sabe que la reducción general de ayudas conculca derechos y acabará en juicios
Los servicios jurídicos de la propia Administración autonómica han advertido al Gobierno de Lakua que si mantiene en sus presupuestos la reducción del 7% de la cuantía de las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, «la regla general podría atentar contra derechos consolidados nacidos con anterioridad, y cuya conculcación derivaría en una sucesión de conflictos con resultado incierto». El PNV advirtió ayer de la litigiosidad a la que puede dar lugar esto.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
La decisión del Gobierno de Patxi López de recortar de forma general en un 7% las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, incluidas las de garantía de ingresos y las de conciliación de la vida familiar y laboral, puede dar lugar a que muchas de las personas afectadas puedan defender sus derechos en los tribunales y acabar poniendo en un brete a la Administración. El Ejecutivo lo sabe porque le han avisado sus servicios jurídicos. El PNV ha pedido la supresión de la disposición adicional que prevé este recorte y ha anunciado que su mantenimiento puede dar lugar a una gran «litigiosidad».
La disposición adicional octava del proyecto de ley de presupuestos contempla la reducción general del 7% de la cuantía de las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas que se concedan, reconozcan o paguen por las entidades del sector público en el ejercicio 2012.
En el informe jurídico que acompaña al proyecto de presupuestos y al que ha tenido acceso GARA, los propios servicios legales del Gobierno dicen que «llama la atención el contenido y redacción» de esta disposición adicional. Y advierten al Ejecutivo del peligro que corre si no precisa y determina qué conceptos pretende recortar.
Atenta contra derechos
Los servicios jurídicos del Gobierno detallan que «dada la gran variedad de ayudas y subvenciones existentes sometidas a regímenes jurídicos específicos y diferenciados, es necesario determinar a qué ayudas y subvenciones» se refiere específicamente este recorte, para «determinar en cada supuesto la viabilidad de la reducción presupuestaria».
El informe sostiene que mientras el Gobierno no proceda a realizar ese detalle de las ayudas y subvenciones que pretende recortar, «la aplicación de la regla general podría atentar contra derechos consolidados nacidos con anterioridad, y cuya conculcación derivaría en una posible sucesión de conflictos con resultado incierto».
Por ello, los servicios jurídicos aconsejan al Ejecutivo de Patxi López que, «en aras del principio de seguridad jurídica, se deben adoptar criterios de prudencia respecto a la aplicación generalizada de la disposición.
«Respetar lo establecido»
Entre las advertencias que los servicios legales hacen al Gobierno está la de respetar con carácter general las ayudas en los casos en que estén en vigor.
El informe especifica que «aquellas resoluciones de concesión de ayudas, bajo cualquier modalidad, que impliquen el reconocimiento de un derecho subjetivo al beneficiario de la misma», y que suponga recibir «una cuantía durante un plazo establecido, deberán ser respetadas en sus términos» durante ese plazo. Y advierte que su modificación sólo será posible «en los supuestos de renovación o revisión de la ayuda».
El PNV pide su supresión
Todos los grupos de la oposición han mostrado su desacuerdo con la reducción de las ayudas y prestaciones sociales. El PNV concretó ayer en una enmienda su petición de que se suprima esta disposición adicional octava que rebaja en un 7% la cuantía de la RGI y de otras ayudas, entre las que los parlamentarios jeltzales destacaron las destinadas a víctimas del terrorismo o a las familias. También están en contra de la disposición novena que establece que el complemento de vivienda para personas de escasos recursos no podrá superar en ningún caso los 250 euros mensuales.
El parlamentario Ricardo Gatzagaetxebarria sostiene que estos puntos restringen «derechos sociales reconocidos y de carácter subjetivo». Y avisó públicamente de la «litigiosidad» que podría derivarse de eventuales recursos ante los tribunales por parte de los beneficiarios de estas ayudas que se vean afectados por estos recortes.
Sus servicios jurídicos advierten al Gobierno de López de que «la aplicación de la regla general podría atentar contra derechos consolidados nacidos con anterioridad, y cuya conculcación derivaría en una posible sucesión de conflictos con resultado incierto».
Los grupos de la oposición han presentado centenares de enmiendas al proyecto de presupuesto del Gobierno de Patxi López sabiendo que la aprobación de las cuentas está garantizada por la mayoría absoluta de PSE y PP y con la experiencia de que en los dos años anteriores ni siquiera se han reunido a tratar de consensuar alguna de estas modificaciones.
El PNV anunció ayer la presentación de 239 enmiendas parciales de creación o aumento de partidas por un importe de 186,3 millones de euros. Su proyecto más destacado es la creación de un fondo de financiación dirigido a pequeñas y medianas empresas y empresarios con una dotación de 250 millones de euros. Según expusieron los portavoces jeltzales, «en un momento en el que la falta de financiación de las pymes, los autónomos y los profesionales es uno de los principales problemas que está sufriendo nuestro tejido económico, resulta inconcebible que el Gobierno suprima este tipo de ayudas, tal y como plantea en los Presupuestos de este año».
El PNV no ha presentado tampoco este año enmienda a la totalidad, aduciendo que «el país no puede pararse», pero sabiendo sobre todo que estaba destinada al fracaso.
Aralar, por contra, sí presenta enmienda a la totalidad, al igual que lo hacen EA, EB y UPyD. Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Dani Maeztu explicaron ayer que Aralar pide la devolución de los presupuestos al Gobierno de Lakua, «por estar diseñados con la única obsesión de reducir el déficit» y criticaron que esa reducción sólo se plantee desde el ámbito del gasto y no en el capítulo de ingresos.
Al margen de esa enmienda a la totalidad, Aralar ha redactado otras 604 enmiendas parciales. Parte de esas enmiendas, según explicó Mikel Basabe, pivotan sobre la reivindicación de «exigir que los recortes se hagan en igualdad», por ello demandan la supresión de complementos de pensiones a consejeros y viceconsejeros. Aralar propone también elevar de 1 a 5 millones la partida para víctimas de la violencia estatal. Aintzane Ezenarro apuntó que hay alrededor de un centenar de víctimas de esta violencia y alrededor de 500 heridos. «En total se calcula que se necesitan 15 millones para este objetivo, por lo tanto, con los 5 millones que recoge nuestra enmienda se conseguiría esta cantidad en 3 años», señaló.
Eusko Alkartasuna, además de la enmienda a la totalidad, ha presentado 264 enmiendas parciales con propuestas de intervenciones de fomento de la innovación y la competitividad y para garantizar las coberturas sociales del Estado de Bienestar.
Entrando en concreciones, Juanjo Agirrezabala destacó la apuesta por abordar las obras necesarias para evitar que se repitan inundaciones como las sufridas recientemente en Gipuzkoa y Bizkaia. Y el impulso a la financiación de actividades relacionadas con la Memoria Histórica, las víctimas del franquismo y de las FSE. GARA
