Aprovechando la resaca electoral algunas estrellas del firmamento político navarro desean que olvidemos las noticias sobre las dietas/sobresueldos que cobraron a escondidas. Se equivocan porque buena parte de la ciudadanía asiste al saqueo cabreada y, aunque con sensación de impotencia, dispuesta a seguir denunciando el atropello. La aplicación de la Justicia es tan parcial, que parece una apología del engaño, el timo y el fraude como forma de comportamiento colectivo.

Varios diputados forales promovieron la CAN (Caja de Ahorros de Navarra) en 1920, y en 1924 se creó la todavía vigente Federación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorro, para impulsar la economía de los cuatro territorios. Su entrega al holding bancario, llamado Banca Cívica, con sede en Sevilla, supone un mazazo para la soberanía de la ciudadanía navarra y su economía, y un claro ejemplo de que el navarrismo de UPN-PSN no es sino tozudez antivasca y fingida defensa de la Comunidad foral.

Enrique Goñi, último director de la CAN, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del viejo reino de la mano de Miguel Sanz. Abogado iruindarra, hizo su carrera profesional en Agrupación Mutua (matriz de MGO, donde los medios digitales apuntan que Sanz se ha colocado como «asesor») y desde allí dio el salto a la CAN. El desastre de su gestión se veía venir y ha llevado a cabo la privatización con celeridad, escaso debate e ilimitada protección institucional. El ex director de la CAN, Riezu, había avisado de lo que se avecinaba a la presidenta Barcina mediante un extenso memorándum: inflación de puestos directivos y sueldazos de sus máximos directivos; venta de empresas y activos rentables; fallidas inversiones (la de GAM, 40 millones de pérdidas en un año) y una costosa política de prejubilaciones. Cabría añadir el estropicio económico que puede suponer la obligada aceptación de los terrenos de Guenduláin, debida al impago (por el préstamo a los promotores para un pelotazo urbanístico hundido antes de iniciarse). La CAN ha dejado de ser una entidad de enorme solvencia y ha perdido el 80% de su valor en los últimos años.

Pero las alarmas sólo han saltado al descubrirse que los más altos responsables políticos estaban siendo sigilosamente remu- nerados. Al feo asunto de las dietas de la CAN a los máximos dignatarios de la Comunidad, se suma la Ley Foral de 2007, que amplió el concepto de «alto cargo» otorgando cesantías a 100 personas más, garantizándoles al abandonar su puesto un 80% del sueldo durante dos años. Y con efecto retroactivo, nada más y nada menos que desde 1983, para percibir el 25% del salario como complemento de carácter personal. En aquel momento G. Adanero (UPN) afirmó: «Con este proyecto de ley se hace justicia a la actividad de aquellas personas que tienen que estar dos años sin poder ejercer una profesión y no tienen derecho al desempleo, y por lo tanto hay que darles algún tipo de compensación económica para que el cargo pueda ser atractivo en el futuro».

La Junta de Entidades Fundadoras de la Caja, un órgano consultivo y no ejecutivo para representantes políticos, se creó, según algunas fuentes, a instancias de Sanz, a mediados de 2010. Todos ellos, casi una decena de los dirigentes de UPN y PSN, cobraban 1.700 euros por sesión y también por asistir a cada conferencia organizada por la CAN. Primero Sanz y luego Barcina, como presidentes, se embolsaban 2.600 por reunión. Lo más grave es que Sanz, Barcina, Maya y Miranda formaron parte de una hasta hace poco desconocida por todos Junta Permanente de la Junta de Fundadores que les generaba otros nada desdeñables emolumentos por una labor desconocida. Barcina llegó a ganar 75.000 euros en dietas en un año, según los datos del Gobierno de Navarra, la mayor parte provenientes de la caja privatizada. La excusa para que los sobresueldos no aparecieran en la memoria de la CAN fue que ya no se consideraban como «un órgano de gobierno». Resulta obvio que la Junta de Fundadores se creó para «compensar» económicamente a los políticos que perdían su puesto en el Consejo de Administración de la Caja, que se hizo de manera poco transparente y que se llevó a cabo durante la fase privatizadora, objetivo para el que era imprescindible la aquiescencia de estos gobernantes con la operación.

Para calmar las protestas y las gravísimas acusaciones de no pocos ciudadanos sobre el carácter de estos cobros, ¿por qué no revelan si de verdad se llegaron a reunir, cuántas veces y en qué fechas?, ¿de qué hablaron (debería existir un libro de actas en el que conste el contenido de sus reuniones de trabajo)?, ¿quién les ha pagado las dietas?, ¿cuál es el origen de los fondos de los que cobraron?, ¿existen o no justificantes bancarios o en metálico de esos pagos?

En Nafarroa hay dinero, recursos y medios humanos y materiales para soportar la crisis y crear los mecanismos para una sociedad menos dependiente de los altibajos de los mercados. Lo que sus élites gobernantes no tienen es voluntad para priorizar los gastos en los servicios fundamentales. La desaparición de la CAN, como ente público con fines sociales, es el paradigma de una apuesta política basada en la falta de sentido común y la especulación. UPN y PSN defienden, como solución a la crisis, la venta de los activos públicos y la ejecución de obras faraónicas. Al final, como afirmaba el Nobel de medicina Drauzio Varella, «se está invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad masculina y silicona para mujeres que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años, tendremos viejas de tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará de para qué sirven». Si no lo remediamos, de aquí a unos años tendremos un montón de circuitos, pabellones y trenes de alta velocidad que no podremos mantener; hospitales sin médicos, escuelas sin maestros y una CAN en manos ajenas.

Es posible cambiar esta situación, las últimas contiendas electorales en Euskal Herria y las importantes movilizaciones de denuncia así lo demuestran y debemos intentarlo. Las generaciones futuras lo agradecerán.