Bildu respondió ayer a las declaraciones realizadas la víspera por el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga (PNV), quien puso en duda la sostenibilidad de los servicios sociales con el argumento de que la recaudación tributaria ha descendido y que «esto no da para todo, el gratis total no es posible».

En una nota, la coalición se declara convencida de que «sí hay dinero» y de que «es posible no sólo mantener los servicios sociales, sino también mejorarlos». Para ello, estima que la solución pasa por mejorar el actual sistema fiscal y, sobre todo, por la lucha contra el fraude.

Bildu recuerda que, según admite el propio ente foral, el fraude de los últimos cuatro años asciende a mil millones de euros, «y suponemos que en realidad esta cantidad será mayor». Sin embargo, denuncia que «la Diputación no crea herramientas para hacer frente a ese fraude, admite que esa cantidad no sea recogida».

Por ello, defiende que «habría más dinero si realmente tuviesen voluntad real de combatir el fraude fiscal, y tomasen medidas efectivas contra el mismo», y recuerda que «el fraude no sólo es el no cumplimiento de la ley, también es dejar huecos a propósito para que los empresarios paguen menos».

Bildu explica además que «según las predicciones para el 2012, se `perdonarán' 3.084 millones de euros a causa de los beneficios fiscales». La coalición subraya que no actuará «nunca en contra de todos estos beneficios», pero sí estima que los que se aplican actualmente «son excesivos», y cita como ejemplo que «BBVA tiene beneficios de millones de euros por patrocinar los cursos de verano de la UPV».

«Está claro que sería posible reforzar los servicios sociales en caso de reformar el sistema fiscal. Esto impulsará el empleo al mismo tiempo, ya que se crearían puestos de trabajo», asegura esta formación. Ante estas declaraciones, Bildu se declara «defraudada» por la actuación en este ámbito de Iruarrizaga y de su partido, el PNV, al considerar que «su política no pretende, a pesar de sus palabras, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vizcaina».

«Su política se basa en seguir mirando a las constructoras, a los grandes megaproyectos -a pesar de la oposición de gran parte de la ciudadanía-, en lugar de actuar según las necesidades de la ciudadanía vizcaina», sentencia.