Representantes locales de los firmantes del Acuerdo de Gernika comparecieron ayer en Santurtzi en apoyo a Unai Hernández Sistiaga, que ha sido condenado a siete años de cárcel por la Audiencia Nacional española por militancia en Ekin. Desde el pasado viernes, Hernández se encuentra en peligro de ser detenido y encarcelado.

En rueda de prensa, mostraron su respaldo y solidaridad tanto a Hernández como a su familia, y denunciaron que la «posible detención» y encarcelamiento de su convecino supone «un ataque» contra el proceso de paz y soluciones que que demanda la ciudadanía en Euskal Herria.

En ese sentido, añadieron que la actividad política no se puede criminalizar «judicializando a personas e ideas». «La criminalización de personas por sus ideas políticas es inaceptable en cualquier momento o situación», señalaron.

Los portavoces indicaron que «esta condena y su más que probable detención no tiene sustento alguno, ni desde un punto de vista de derechos, ni de justicia, ni de democracia», por lo que anunciaron que seguirán trabajando a favor de una solución integral al conflicto histórico que vive Euskal Herria.

Por todo ello, hicieron un llamamiento al los estados español y francés para que asuman la hoja de ruta del Acuerdo de Gernika y animaron a la ciudadanía a participar en las movilizaciones que se convoquen con el objetivo de denunciar la situación que vive este vecino de Santurtzi.

Carta en defensa de Agirre

En Donostia, los firmantes del Acuerdo de Gernika registraron ayer una carta en la Subdelegación del Gobierno español en Gipuzkoa exigiendo a Madrid la puesta en libertad de Oihana Agirre, detenida el pasado viernes tras ser confirmada por el Tribunal Supremo la condenada a ocho años de prisión que le fue impuesta por la Audiencia Nacional.

Junto a la Subdelegación española, el representante de la izquierda abertzale Aritz Ibarrola y Lourdes Eraso, de LAB, hicieron público un comunicado en el que denunciaron la detención y encarcelamiento de Agirre. Destacaron su labor en defensa de la libertad de los presos políticos vascos y contra la «represión» de los estados. Afirmaron que esta donostiarra ha sido enviada a prisión «por ejercer una labor pública a favor de los presos vascos» y destacaron que la vecina de Egia ha trabajado «en aras a lograr la resolución del conflicto político que vive Euskal Herria».

En la misiva dirigida al delegado del Ejecutivo de Madrid en la CAV, Mikel Cabieces, también reclaman que el Estado español ponga fin a la dispersión que sufren las presas y presos políticos, además de exigir que se respete su derecho a tomar parte en el proceso político.