El sector público anuncia protestas frente al plan de recortes de Lakua
Las medidas planteadas por el Gobierno de Lakua para recortar 100 millones de euros en los gastos de personal del sector público se han topado con la oposición de la mayoría sindical. ELA, LAB y STEE-EILAS anuncian movilizaciones y un paro de cuatro horas para el próximo 9 de febrero en defensa de sus derechos laborales y reclaman como «imprescindible» una mayor inversión en los servicios públicos.
GARA | BILBO
ELA, LAB y STEE-EILAS presentaron ayer un calendario de movilizaciones de los empleados públicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en protesta por los «recortes de derechos laborales» propuestos por el Ejecutivo de Lakua.
Las centrales ya anunciaron el pasado viernes que no se sentarán en la Mesa General de la Función Pública, cuya próxima reunión esta prevista para el 15 de diciembre y en la que ostentan el 80% de la representación sindical, hasta que el Gobierno no retire las propuestas recogidas en el paquete de medidas para reducir en 100 millones de euros los gastos de personal en el sector público.
Dichas medidas pasan, entre otras, por mantener «la actual reducción y congelación de salarios», suprimir el complemento salarial a trabajadores de baja, suprimir el contrato de relevo y hacer lo propio con las primas por jubilación voluntaria.
Igor Eizagirre (ELA), Arantxa Sarasola (LAB) e Iñaki Izagirre (STEE-EILAS) comparecieron para explicar que la campaña de movilizaciones comenzará en las próximas semanas con asambleas y concentraciones en los diferentes centros de trabajo, seguirá el día 26 de enero con sendas manifestaciones en Bilbo, Donostia y Gasteiz y culminará el 9 de febrero con un paro de cuatro horas y nuevas movilizaciones.
A este paro están llamados los trabajadores de Osakidetza, los de la Administración autonómica, los empleados de todos los niveles de Enseñanza -desde la infantil a la universitaria-, y la Ertzaintza.
Los representantes de los trabajadores denunciaron que se «justifican esos recortes como si no hubiera otro remedio y chantajean a los sindicatos» diciendo que «o se aceptan esos recortes o vamos a despedir al personal interino», una postura que tildan de «inaceptable».
La mayoría sindical considera que las medidas que plantea el Gobierno «no servirán para mantener el empleo, sino que van a destruirlo, dado que pretenden revisar el contrato de relevo y la jubilación anticipada».
Además, según apuntaron, en los presupuestos que aprobarán PSE y PP se invertirá menos dinero en Educación, Sanidad y Servicios Sociales -un 0,5%, un 0,9% y un 1,7%, respectivamente-, por lo que «se recortarán servicios públicos».
«Privilegios no, son derechos»
Igor Eizagirre tachó de «mediocre y deleznable buscar el enfrentamiento entre los empleados públicos y privados», mientras que Iñaki Izagirre aseguró que no están «dispuestos a aceptar que nos pongan en el centro de la diana y a los pies de los caballos, porque no estamos hablando de tener privilegios sino de tener derechos recogidos en los convenios».
ELA, LAB, y STEE-EILAS subrayaron que los servicios públicos han sufrido «un grave retroceso» durante «las últimas décadas», situación que «ha empeorado notablemente» con la crisis.
A su juicio, en estas circunstancias habría que optar por lo contrario, ya que «hay cada vez más personas» que los necesitan. «En lugar de aprobar unos presupuestos restrictivos, es imprescindible ampliar la inversión en servicios públicos e imprescindible y justo que se produzca un cambio radical política fiscal», sentenciaron.
El portavoz del PSE en la Cámara de Gasteiz, José Antonio Pastor, defendió ayer el «esfuerzo» realizado por Lakua para garantizar «la estabilidad y la interinidad» de los funcionarios mediante Ofertas Públicas de Empleo (OPE).
En una rueda de prensa, Pastor recordó la convocatoria de una OPE para 500 profesores y advirtió que este tipo de medidas «no son moneda corriente» en las comunidades autónomas donde «la derecha» ostenta el poder. A este respecto, el parlamentario puso como ejemplos los recortes decretados en Catalunya, donde CiU ha reducido la plantilla pública dependiente de la Generalitat y ha recortado el sueldo a los funcionarios.
Tras defender la política de función pública elaborada por el Gobierno de Patxi López, Pastor se refirió a la lucha contra el fraude fiscal en Araba y Bizkaia. Según explicó, los movimientos del PNV y del PP en torno a este problema despiertan «dudas» en el seno del PSE, ya que, según denunció, ambas formaciones no se toman en serio la lucha contra el fraude fiscal.
La lucha contra el fraude fiscal podría servir para aflorar, según sus cálculos, 2.500 millones de euros en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Una cantidad que podría ser destinada, opinó Pastor, a cubrir los gastos de las ayudas sociales, la educación y la sanidad pública.
Por último, Pastor valoró como «equilibradas, sociales y progresistas» las cuentas presentadas por el Gobierno de Gasteiz. Unos presupuestos pactados y acordados con el PP, su socio preferente en la Cámara autonómica.
De cara al pleno de mañana, cuando se debatan las enmiendas a las cuentas, el portavoz del PSE espera una sesión sin sobresaltos. GARA
