El pasado agosto saltó la noticia de que el Ministerio Público del Trabajo de Brasil emitió 52 actas de infracción de normas laborales en talleres de confección que trabajan como proveedores de Zara, cadena del grupo gallego Inditex, después de que catorce trabajadores bolivianos y uno peruano fueran localizados en una situación «análoga a la esclavitud» en el norte de Sao Paulo.

Según un artículo de la revista brasileña «Desacato», firmado por Juan Luis Berterretche, el pasado 30 de noviembre los responsables de la compañía gallega se reunieron con el Ministerio Público del Trabajo para buscar un acuerdo que impidiera que Zara siguiera subcontratando las confecciones bajo la explotación laboral y en condiciones de esclavitud. Sin embargo, la compañía del grupo Inditex se negó «a firmar el texto que la obligaba al compromiso de una gestión de la mano de obra de acuerdo con las leyes del país» y, por lo tanto, no aceptó lo que en Brasil se llama «Términos de Ajuste de Conducta (TAC)» que propuso el ministerio brasileño al objeto de que Zara se hiciera responsable de toda la cadena productiva de proveedores, el fin de la subcontratación en esas condiciones y el pago de una multa de 8,3 millones de euros por «daños morales y colectivos».

No responsabilidad directa

El grupo Inditex sólo se comprometió «a negociar» con los proveedores que no cumplan la legislación laboral «para que corrijan su funcionamiento». Los interlocutores de Zara rechazaron que «se responsabilice directamente a la empresa de las irregularidades cometidas por las subcontratas que, en realidad, son ellos mismos», según confirma la revista «Desacato». En esa publicación, por otro lado, el procurador del Ministerio Público de Trabajo, Luiz Fabre, afirma que la contrapropuesta es «inaceptable» y señala que el planteamiento del Gobierno brasileño busca «terminar con el trabajo esclavo». Fabre explica que «Zara sugiere cláusulas que la eximan de responsabilidad de lo que ocurre con los proveedores y establece un plazo limitado para el acuerdo».

En este sentido, la revista brasileña apunta que «el régimen esclavista de trabajo de los abastecedores directos y los talleres contratados no es una sorpresa para Zara, siempre lo supo y el sistema se estructuró para que la empresa pudiera obtener mayores lucros». Por eso añade que lo que pretende la multinacional gallega es «que las formas empresariales de explotación del trabajo que se ejecutan desde hace años en todo el mundo se acepten legalmente en Brasil. Sólo admiten ajustarse a la impunidad del desregulado mercado actual de trabajo mundial», termina Juan Luis Berterretche su información.

En agosto de este año se encontraron cuatro grandes redes minoristas de ropa utilizando talleres de confección con «un régimen similar a la esclavitud»: Marisa, Pernambucanas, Collins y Zara. La cadena comercial de Arteixo (A Coruña) cuenta con 30 locales en Brasil y emplea a 7.000 personas, según la publicación brasileña. Subcontrata la confección a talleres de proveedores donde «se explota a inmigrantes indocumentadas bolivianas o peruanas. Mujeres con niños pequeños cosen durante 16 horas inclinadas sobre las máquinas y sobreviven en cuchitriles pestilentes y con capataces que no las autorizan a salir a la calle».

Según esos datos, en esos talleres la remuneración no pasa de 1 dólar por pieza producida y «después de los descuentos» las trabajadoras no llegan a recibir ni el salario mínimo (227 euros) o el salario más bajo del sector, que se sitúa en 282 euros. En Brasil, según Inditex, Zara cuenta con 46 abastecedores directos y 313 talleres subcontratados, lo que totaliza «en torno a 11.000 empleados bajo la nómina de este centro comercial». Todavía no ha terminado este capítulo oscuro de la actividad comercial en Brasil.