El sábado pasado miles de personas se manifestaron en Baiona para pedir al Gobierno francés que se comprometa con el proceso de solución abierto en Euskal Herria, en una marcha que además de multitudinaria fue también muy plural, con presencia de representantes de un buen número de partidos y agentes sociales y sindicales, entre ellos miembros destacados del PS, como la consejera general de Pirineos Atlánticos, Marie-Christine Aragon, y la senadora Fréderique Espagnac. La respuesta de París ha sido inmediata: el lunes fue detenido y enviado a Madrid el militante abertzale Josu Esparza, que había participado en la movilización de la capital labortana, y ayer fueron arrestados en su domicilio de Donibane Garazi Julen Mujika e Intza Oxandabaratz, que se halla embarazada y que ya había sido objeto de otras dos detenciones en 2003 y 2007.

El cariz político de ambas operaciones es evidente, tanto en la aplicación de la euroorden contra Esparza, enviado a prisión por el juez Ismael Moreno por su militancia política, como en las detenciones de ayer, más de dos años después de que ocurrieran los hechos con los que supuestamente se relaciona a Mujika y Oxandabaratz, y mes y medio después de que ETA decretara el cese definitivo de su actividad armada. Este país hace tiempo que dejó de creer en casualidades, y que tres personas hayan sido detenidas en los días inmediatamente posteriores a la manifestación de Baiona puede dar a entender que esa movilización, su contenido y los asistentes han molestado sobremanera al Gobierno de Sarkozy.

París responde con represión a un escenario en el que se siente incómodo. En este nuevo ciclo la sociedad vasca no interpela solo al Gobierno español, sino también al francés, a quien cada vez le va a costar más eludir su papel en el conflicto y su responsabilidad para alcanzar una solución al mismo. Actuaciones como las de estos días forman parte de una receta del pasado, de una apuesta represiva que debe ser denunciada, pero lejos de mostrar fortaleza son un síntoma de debilidad política y falta de argumentos cuando, precisamente, ha llegado el momento de ponerlos sobre la mesa. El Gobierno francés equivoca su estrategia y está quedando en evidencia ante quienes demandan soluciones.