Los sindicatos de la administración pública navarra convocaron ayer una asamblea para informar sobre la situación de la negociación colectiva, en la que acusaron al Gobierno de Nafarroa de destruir empleo y empeorar la calidad de los servicios públicos mientras aprueba «una subida de hasta el 33%» de sus sueldos y el de otros altos cargos.

Los funcionarios denunciaron también la «reducción de plantillas», la «privatización» de servicios y la supresión de «cientos de plazas» pendientes de oposición, lo que «impide» que se pueda reducir la temporalidad, que cifran en el 30%.

«En un momento de crisis aguda como el que padecemos, el Gobierno de Navarra elude sus responsabilidades: no crea empleo, lo destruye; no favorece la cohesión social, sino que la dificulta con privatizaciones o ajustes de plantillas; y no facilita la reactivación económica sino que restringe inversiones», señalan en un comunicado.

En él aventuran además «una nueva congelación salarial» que situará los sueldos de los empleados públicos en niveles de 2006, mientras 7.500 trabajadores siguen siendo eventuales, «uno de cada tres», así como el traslado a Nafarroa de otras medidas y recortes que pueda aprobar el Gobierno de Rajoy. Con todo ello, en opinión de los empleados públicos, lo que el Gobierno foral les plantea en la negociación del convenio es que le den «un cheque en blanco» ya que sus posturas de inicio «son tan restrictivas que imposibilitan la negociación».

Una situación que entienden que tiene «una única respuesta» que pasa por las movilizaciones. El Gobierno «sin presión, seguirá adelante con sus planes», aseguran los sindicatos de la función pública, que tienen previstas nuevas asambleas para mañana y el 20 saldrán a la calle en Iruñea para reclamar unos servicios públicos de calidad.

Petición de STEE-EILAS

Por su parte, el sindicato STEE-EILAS exigió ayer a los gobiernos de Iruñea y Lakua la retirada de sus proyectos de presupuestos y pidió que se elaboren otras cuentas públicas «en base a criterios sociales y no economicistas», ya que ambos «quieren imponer duros recortes en el área de educación. La educación no es un gasto, sino una inversión para el desarrollo social», insistió.

Miembros del sindicato se concentraron frente al Parlamento de Gasteiz para denunciar que ambos ejecutivos «quieren hacer desaparecer de un plumazo» los derechos sociales y laborales, «utilizando el pretexto falaz de reducir la deuda pública y reactivar la economía».