La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, afirmó que el número de fallecidos en Siria desde el inicio de las protestas superan ya los 5.000, de los que, según detalló, 300 son menores. «Ocurren además torturas y en los centros de detención hay un elevadísimo número de desplazados y miles de detenidos», remarcó en la rueda de prensa que ofreció tras reunirse a puerta cerrada con miembros del Consejo de Seguridad, a quien instó a acudir sin dilación a la Corte Penal Internacional (CPI).

«Basándome en las pruebas de la naturaleza sistemática y extendida de los asesinatos, las detenciones y los actos de tortura, creo que todos constituyen crímenes contra la humanidad, por lo que he recomendado que se refiera el asunto a la Corte Penal Internacional», señaló.

«Todos los miembros del Consejo convinieron en que este nivel de violencia tiene que detenerse», subrayó. Pillay sugirió al Consejo de Seguridad que trate de enviar al país árabe una misión de investigación bajo su mandato.

Algunos diplomáticos occidentales tildaron de «espantoso» el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, al que se opusieron Rusia y China.

«Es el más espantoso que hemos recibido en el Consejo al menos en dos años. Rinde cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos y son las autoridades sirias las responsables de esta situación, ya que ordenan a los soldados matar y torturar», remarcó el embajador del Estado francés ante la ONU, Gérard Araud. Aseguró que tanto París como otros países consideran «escandaloso el silencio del Consejo de Seguridad ante la oposición de ciertos miembros», en alusión a Rusia y China, que en octubre vetaron una resolución contra Damasco.

«El Consejo de Seguridad es el responsable moral de la situación que vive Siria en estos momentos», añadió el diplomático, que compareció junto a los embajadores de Gran Bretaña, Alemania y Portugal.

El británico Mark Lyall Grant también arremetió contra el Consejo de Seguridad. Urgió a este organismo a «detener los abusos contra la población. El informe de Pillay pone de manifiesto la urgencia que presenta el momento actual. No hay duda: los días de Assad en el poder están contados, pero la pregunta es cuántos sirios más deben morir o ser torturados para que Assad deje el poder», incidió.

En respuesta a estas declaraciones, Rusia calificó la actitud de los occidentales de «inmoral. Los que se niegan a presionar a la parte extremista y armada de la oposición son los mismos que nos acusan de bloquear el trabajo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Considero que esa posición es inmoral», resaltó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, en unas declaraciones difundidas por la televisión rusa.

«Extremistas armados»

Sobre el papel del Consejo de Seguridad, destacó que no debía estigmatizar solamente al régimen de Bashar Al Assad. «Nuestros interlocutores no quieren condenar la violencia de los grupos armados extremistas contra las autoridades legales» incidió. Denunció que el objetivo de estos opositores es «provocar una catástrofe humanitaria en la perspectiva de una injerencia extranjera en el conflicto».

Lavrov también consideró perjudicial la decisión de Estados Unidos y de los países europeos de imponer sanciones contra Damasco, estimando que éstas tenían «consecuencias negativas para la población».

La de ayer, también fue una jornada violenta. Según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) siete miembros de las fuerzas de seguridad murieron a manos de grupos armados de oposición en la provincia de Idleb, cerca de la frontera turca. Desertores atacaron un convoy militar.

En esta misma provincia, las autoridades anunciaron que dos «miembros de un grupo terrorista» proveniente de la frontera con Turquía habían sido abatidos por guardias fronterizos sirios. Además, según activistas, nueve personas murieron cuando habitantes de la localidad de Kfar Yahmur fueron disparados tras prender fuego a neumáticos para bloquear el paso de un convoy que transportaba a fuerzas de seguridad y milicias partidarias del presidente.

En Homs, en el centro del país, se produjo una explosión en un gasoducto entre las ciudades de Rastan y Talbisse. La agencia de noticias oficial Sana afirmó que se trató de «una operación de sabotaje» llevada a cabo por «un grupo terrorista».

El OSDH, sin embargo, sostuvo que «ni los revolucionarios ni los desertores tenían vínculo con esta explosión».