Los trabajadores de Metro Bilbao fueron ayer a la huelga, y lo hicieron ejercitando ese derecho de forma respetuosa y cumpliendo con los servicios mínimos fijados por los tribunales. Lógicamente, el paro afectó -en forma de retrasos- a miles de usuarios, en una jornada en la que coincidían varias citas multitudinarias, pero es algo que sucede siempre con este tipo de protestas, en las que los convocantes buscan que sus demandas tengan el mayor eco posible. Probablemente, muchas de las personas que acudieron al Arenal o a San Mamés han tenido que protagonizar huelgas y paros en defensa de sus puestos de trabajo, de sus derechos laborales o por otras reivindicaciones políticas y sociales, de modo que habrán comprendido y respetado la iniciativa de la plantilla del metro.

No es de recibo, por tanto, utilizar a los usuarios como excusa para arremeter contra unos trabajadores que están ejerciendo un derecho fundamental. En este sentido, la actitud que mantienen determinados representantes institucionales al poner en tela de juicio este derecho y presionar a los huelguistas es inaceptable. Las declaraciones que hace unos días realizó el lehendakari, Patxi López, y los servicios mínimos que quiso imponer la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, quien tuvo que ser reconvenida por el TSJPV, constituyen una agresión contra los derechos laborales. Del mismo modo, el alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna, al afirmar ayer que los sindicatos habían perdido una ocasión de ser generosos, perdió él mismo una nueva ocasión de decir algo responsable y no hacer demagogia.

La huelga es una de las pocas herramientas con las que cuentan los trabajadores, la parte más débil en todo conflicto laboral, frente a la empresa, que tiene muchos más instrumentos para hacer valer su posición. Es una herramienta que, no lo olvidemos, también le supone un coste a quien la utiliza como último recurso, y que debe ser defendida frente a los ataques de quienes quieren dejar inerme a la clase trabajadora.