Han pasado diez años desde que el 26 de junio de 2001 se presentara el observatorio de derechos lingüísticos Behatokia, creado por Kontseilua, el Consejo de Organismos Sociales del Euskara. Behatokia, que trabaja en pos de la normalización del euskara, ha comprobado en toda esta década que el idioma no sólo no es oficial en todos sus territorios, sino que los euskaldunes sufren constantemente vulneraciones de sus derechos lingüísticos.

Para conmemorar este décimo aniversario, su directora, Garbiñe Petriati, y el secretario general de Kontseilua y presidente de Behatokia, Paul Bilbao, presentaron ayer en Bilbo un dossier que recoge el trabajo realizado en la década. Behatokia ha registrado miles y miles de situaciones en las que a los euskaldunes les ha resultado imposible utilizar su propia lengua tanto ante las diferentes administraciones como en el ámbito socio-económico.

Concretamente, de los 9.514 expedientes tramitados, 8.535 han sido quejas de ciudadanos que refieren casos concretos de vulneraciones.

Situación por territorios

El dossier analiza en un primer lugar la situación de la lengua en las administraciones de cada territorio de Euskal Herria. En el caso de Ipar Euskal Herria, indica que «el Estado francés, además de vulnerar sistemáticamente los derechos lingüísticos de la ciudadanía, pone en peligro la propia supervivencia del euskara».

En Nafarroa, recordaron que existe una situación excepcional en la medida en que la oficialidad del euskara esta geográficamente limitada, lo que hace que ni siquiera todos los ciudadanos de la misma administración tenga los mismos derechos. Al respecto, Petriati denunció que «se trata de una práctica planificada y estructurada, ya que estas medidas en lugar de impulsar la normalización del euskara han sido instrumentos para impedir su desarrollo».

En lo que al Gobierno de Lakua se refiere, destacaron que aunque el euskara goza de un reconocimiento jurídico, no se han desarrollado mecanismos para garantizar los derechos lingüísticos. Así, identificaron las áreas de Salud, Justicia o el Departamento de Interior como ámbitos donde se vulneran esos derechos de forma más significativa. Como ejemplo, sólo uno entre los cientos recabados por Behatokia, la denuncia hecha en 2002 por un ciudadano que criticó que en el centro de salud de Pasai Donibane no pudo ser atendido en euskara, y que meses más tarde volvió a acudir a la consulta y otros nuevos trabajadores tampoco le pudieron atender en su lengua.

En el ámbito socio-económico, el dossier cita por ejemplo que en Ipar Euskal Herria no se recogen los derechos lingüísticos de los euskaldunes en la normativa sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias del Estado francés. En Nafarroa, la ley que protege los derechos de los consumidores tampoco hace referencia explícita a los euskaldunes. En la CAV sí ocurre en el papel, pero en la práctica no se han producido cambios significativos.

Tras constatar que queda mucho por hacer, y de que en realidad no ha habido avances significativos en esta década, Behatokia considera «urgente dar pasos nuevos y pasos firmes y eficaces para garantizar el derecho a vivir en euskara». Mientras eso no ocurre, alertaron de que al euskaldun «se le deniega el derecho a utilizar la lengua propia en su vida cotidiana».

«Es imprescindible que las administraciones tomen medidas efectivas para garantizar los derechos lingüísticos, como derechos fundamentales», subrayaron Petriati y Bilbao como colo- fón a la comparecencia.