Con carácter general, responsables políticos y economistas tienden a hacer estimaciones de corto plazo, referidas fundamentalmente a la evolución del PNB -y, como mucho, del empleo- a efectos de valorar la aplicación y resultados de las políticas anti-crisis. Pero una valoración seria de estas políticas requiere necesariamente un análisis detenido de los orígenes, características y consecuencias a medio y largo plazo de la crisis económica. Y también, muy especialmente, un análisis desde la perspectiva de la Economía Política.

Es evidente que las preocupaciones de corto plazo de ciudadanos y responsables políticos afectan, lógicamente, a las variables indicadas de producción, empleo o inflación. También lo es que la dinámica de los ciclos políticos democráticos tiende a fijar los objetivos de nuestros dirigentes en este contexto. Pero si el sistema democrático debe sobrevivir, es imprescindible introducir en el mismo los elementos estructurales necesarios para asegurar que determinadas variables esenciales en el medio o largo plazo no quedan fuera del control político y de los objetivos de los Estados occidentales.

Esta misma reflexión es aplicable a la necesidad de analizar y extraer conclusiones sobre las consecuencias a medio y largo plazo que las distintas políticas anti-crisis tienen, tanto desde un punto de vista estrictamente económico como desde una perspectiva política.

En este sentido, uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la valoración de las políticas anti-crisis es, probablemente, el de en qué medida se están o no teniendo en cuenta las responsabilidades económicas -y, sobre todo, políticas- existentes en el propio origen de la crisis.

Con cierta frecuencia, algunos políticos supuestamente «pragmáticos» tienden a desdeñar sacar conclusiones de los análisis de responsabilidades, como si ello fuese una mera manifestación de «revanchismo» de poca importancia como referencia para la orientación de las políticas públicas.

Nada más lejos de la realidad. Analizar las responsabilidades existentes en el origen de la crisis económica es esencial para las políticas anti-crisis en una perspectiva de medio o largo plazo.

Por un lado, ello es esencial para ser capaces de corregir los desajustes o desequilibrios estructurales, los errores legislativos, organizativos o institucionales que suelen encontrarse detrás del origen de las distintas crisis económicas.

Pero esta consideración del origen y responsabilidades en el nacimiento de la crisis es fundamental también desde una perspectiva «pedagógica» cara al conjunto de los agentes sociales y económicos del país. Porque, en definitiva, olvidar las responsabilidades, como cualquier tipo de injusticia distributiva o conmutativa, es siempre perjudicial para el eficiente funcionamiento de la economía.

Fundamentalmente, porque el incentivo de los distintos factores productivos se basa siempre en asegurar un tratamiento justo y adecuado de los mismos y en que, si un grave desajuste se produce, si determinados agentes económicos actúan inadecuadamente o son inadecuadamente premiados por determinadas actuaciones de forma no proporcional con el interés social de las mismas, ello sea corregido, compensado o penalizado cuanto antes.

Si esto no sucede, ello generará un incentivo contrario a la actuación eficiente de trabajadores, empresarios, consumidores o responsables políticos.

La aplicación o no de estos criterios de justicia en la política económica no es, por lo tanto, una mera cuestión de «revanchismo». Se trata de un elemento esencial para la evolución a medio y largo plazo de la ética social de todos y cada uno de los agentes económicos, de los niveles de compromiso en el trabajo, de la solidaridad económica, etc.

En principio, tener en cuenta las responsabilidades existentes en el origen de la crisis parece imprescindible si realmente se quiere «evitar que vuelva a suceder». Si nuestros políticos únicamente se preocupan por los objetivos de corto plazo de recuperar los niveles de producción y empleo y evitar la inflación, ¿cómo sabemos que, aunque estas políticas tengan éxito, algo similar no va a volver a suceder dentro de cinco, diez o quince años?

Particular interés tiene esta reflexión, en nuestra opinión, en el caso de las crisis financieras. En efecto, fenómenos similares de creciente sobreendeudamiento, inflación del precio de los activos, expansión del sector financiero... seguidos por crisis financieras con contracción del crédito y de la demanda, han sido recurrentes durante los últimos dos siglos. Pero las medidas de corrección han distado mucho de ser estructurales y, apenas finalizada cada una de las crisis financieras, empieza otra vez una nueva fase expansiva de inflación artificial del crédito, sobreendeudamiento, etc. El hecho de no tener en cuenta los orígenes de la crisis -ni los intereses de grupo subyacentes a los mismos- a la hora de abordar las medidas a adoptar al respecto no sólo hace probable, sino casi inevitable, que algo similar vuelva a suceder a medio o largo plazo.

Pero la clarificación de responsabilidades tiene particular interés también en la propia lucha contra la crisis. Por un lado, porque resulta imprescindible, en primer lugar, para conseguir los objetivos de frenar los desequilibrios que generaron y, con frecuencia, continúan alimentando la crisis una vez que la misma estalla. Por otro lado, por la necesidad de explicar a los distintos colectivos sociales que no se está haciendo descargar sobre ellos responsabilidades sociales, económicas o políticas que no les corresponden. Y, finalmente, como consecuencia de la necesidad de legitimación del poder político cara a la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a la crisis.

De gran importancia en el análisis de responsabilidades de las crisis económicas en general -y de esta crisis financiera en particular- es, sin duda, que las mismas no queden limitadas al ámbito de la economía privada y se clarifique también en qué medida esta responsabilidad debe o no recaer también sobre los responsables políticos.

En efecto, si algo ha quedado claro en la gestión de esta crisis ello ha sido la incidencia que en la misma han tenido no sólo determinadas estrategias y comportamientos del sector financiero privado, sino también, en buena medida -e incluso como factor desencadenante- las políticas desarrolladas por los bancos centrales, la inadecuada regulación del sector financiero, la adopción de determinadas medidas cuyo interés general era más que dudoso, la interrelación entre sector financiero y poder político, etc. Analizar y abordar estos problemas estructurales de la economía y la política occidentales es un reto de largo alcance pero imprescindible si nuestros países quieren realmente superar esta crisis y, una vez más, «evitar que vuelva a suceder».