TRAS LA MAYOR MANIFESTACIÓN POR LOS PRESOS
El llenazo de Bilbo empuja a Urkullu y López a distanciarse de la política penitenciaria
Horas después de la marcha que reunió a al menos 110.000 personas, el líder del PNV admite que «no hay razón» para mantener la dispersión y el del PSE ve «consenso casi generalizado de que otra política es posible». La izquierda abertzale plantea al PP «primeros pasos de urgencia»
Agustín GOIKOETXEA | BILBO
Con la imagen aún fresca de la multitudinaria manifestación de Bilbo por los derechos de los presos, que fue calificada por diferentes agentes de «colosal e histórica», la izquierda abertzale compareció ayer para hacer su lectura política. El éxito de la marcha, según aseguró Maribi Ugarteburu, muestra con más fuerza que es mayoritaria en la sociedad vasca la exigencia de que debe «cesar de inmediato y de forma incondicional» la política penitenciaria con la que se castiga a los presos vascos.
La portavoz recordó la vieja exigencia de la izquierda abertzale de que para avanzar en el proceso de normalización política y democrática «una cuestión de prioridad absoluta» es abordar la situación de las mujeres y hombres encarcelados por el conflicto político. De ahí que estimen que, «aunque insuficiente, un primer paso debe ser cesar definitivamente la inhumana política penitenciaria que se aplica al Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos».
«El mantenimiento de la actual política penitenciaria no puede entenderse más que desde el prisma del que intenta aferrarse a la anterior situación de confrontación -apuntó Ugarteburu-, una situación que la mayoría de la sociedad vasca reclama superar definitivamente». Además, puntualizó que esta no es una exigencia de la izquierda abertzale, sino de una amplia mayoría política, social y sindical de Euskal Herria.
Los puntos básicos son, detalló, la puesta en libertad de los prisioneros que han cumplido su pena y de los gravemente enfermos, además del traslado a cárceles vascas de todo el Colectivo. «Exigimos al Gobierno del PP que no alargue ni un minuto más la ruleta rusa de la dispersión contra las y los familiares de los presos y presas políticas».
Para la izquierda abertzale, quienes conforman este colectivo son consecuencia del conflicto político, pero también constituyen un agente cuya partici- pación en el proceso de resolución «es imprescindible». Junto a ello, la izquierda abertzale subraya que «a día de hoy» existen condiciones suficientes, como son el fin de la lucha ar- mada, la exigencia de avances hacía la paz de la sociedad vasca o el seguimiento e implicación en el proceso de resolución de la comunidad internacional, para que los estados español y francés aborden el diálogo con ETA, «que -apostilló Ugarteburu- se tiene que ceñir exclusivamente a las consecuencias derivadas del conflicto político, entre ellas, por supuesto, la puesta en libertad de los presos».
EA y Bildu
El de la izquierda abertzale no fue el único pronunciamiento de las fuerzas políticas que apoyaban la marcha. La secretaria de Comunicación de EA, Ikerne Badiola, manifestó que el Gobierno de Mariano Rajoy «no puede hacer oídos sordos a la reclamación de un cambio de política penitenciaria que decenas de miles de ciudadanos expresaron» en Bilbo.
Badiola subrayó que «el PP no puede dar la espalda al clamor mayoritario de la sociedad vasca que en este nuevo tiempo político exige que se aplique una política penitenciaria que contribuya a la resolución del conflicto». Según señaló, así se lo trasladará Pello Urizar al presidente del PP de la CAV, Antonio Basagoiti, en la reunión que tienen previsto celebrar el jueves.
La coalición Bildu, integrada también por la izquierda abertzale y EA, emitió igualmente una nota de satisfacción por el acto de Bilbo, del que destacó «el compromiso y responsabilidad» de la ciudadanía vasca hacia la situación de los presos..
Así las cosas, Bildu exigió a los presidentes español y francés, Mariano Rajoy y Nicolas Sarkozy, que atiendan «al clamor popular que atronó en las calles de Bilbo y den pasos firmes y decididos en la resolución del conflicto político vasco».
Ayer continuaron las muestras de pésame hacia la familia de Fausto Ansa Gay, el vecino de Errenteria que murió poco después de la movilización. Hoy, a las 19.00, se celebrará su funeral en la parroquia de Andra Mari Jasokunde.
La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, señaló que la marcha de Bilbo «no ayudará nada» a quienes participaron en ella, a quienes acusó de no confíar «en el sistema democrático».
La manifestación de Bilbo se coló esta vez en varios medios estadounidenses, poco permeables habitualmente a las noticias que llegan de pequeños rincones de Europa en general y de Euskal Herria en particular. Un ejemplo destacado es ``The Washington Post'', en cuya edición digital se ponía leer una reseña con imagen, cuyo titular hacía hincapié en que la marcha reunió a «decenas de miles de personas» . Añadía luego que los presos vascos sufren la política de dispersión «desde hace 22 años» y destacaba que ETA ya ha puesto fin a la lucha armada. La foto de la calle Autonomía abarrotada fue reproducida por medios de todo el mundo, desde los países más cercanos hasta Australia. GARA
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, pidió ayer en un post publicado en su blog horas después de la manifestación que desbordó Bilbo que se lleven a cabo cambios en la política penitenciaria por razones de «principios éticos en el máximo respeto a los derechos de todas las personas», así como «por razones de contexto», a pesar de que los prisioneros políticos vascos no son «nuestros presos, ni nuestros gudaris, ni nuestros héroes. Y tampoco lo son de la mayoría de la sociedad».
Urkullu defendió que «Euskadi no puede ni debe seguir siendo una sociedad en donde el Estado puede seguir ideando y aplicando estrategias de excepcionalidad que siempre acaban teniendo un marcado carácter político e incluso electoral». Por ello, mostró su esperanza de que este tipo de actitudes sean historia y que «así como los victimarios y quienes han justificado sus acciones han de proceder a una revisión crítica del pasado y al reconocimiento del daño causado», el nuevo Gobierno del PP actúe, «no ya con valentía, sino con altura de miras y talla política».
Tras afirmar que la marcha de Bilbo entra en la estrategia de la izquierda abertzale, esgrimió que su partido se ha pronunciado «desde siempre en relación a la política penitenciaria llevada a cabo por los diversos y diferentes gobiernos españoles». «Y, además, PNV ha venido actuando y lo seguirá haciendo, por más que participantes en la manifestación [...] sigan pronunciándose con el propósito de pasar la prueba del algodón al PNV», dijo.
Urkullu reiteró que el PNV viene proclamando que los derechos de los presos deben ser respetados. «Ha venido defendiendo en la calle y en las instituciones, y en circunstancias muy diferentes al contexto actual, la necesidad de una orientación en la política penitenciaria más consensuada, flexible y dinámica. Así lo creíamos y creemos tanto por el objetivo de toda política penitenciaria como por los derechos de las personas privadas de libertad por cumplir condena como por la penalización a la que puedan ser obligados los familiares de aquellas», añadió.
Se reafirmó en su exigencia de cambios por «razones de principios éticos en el máximo respeto a los derechos de todas las personas, y por razones de contexto». «Una política penitenciaria justa y flexible, incluso en el sentido exacto del cumplimiento estricto de la ley, es posible y es necesaria», expresó, para apostillar que si esta política forma parte de la lucha contra ETA, una vez de que ha decretado el cese de su acción armada «no cabe la excepcionalidad».
«No hay motivo ni razón que no sea política para mantener una estrategia de excepcionalidad con ningún colectivo de presos. No hay motivo ni razón que justifique que el Gobierno de Rajoy no aborde de forma rápida y decida algo tan aparentemente sencillo, democrático, justo y necesario como que todos los presos, independientemente de la motivación de sus actos, tengan el mismo tratamiento», manifestó Urkullu.
El lehendakari, Patxi López, recalcó ayer en Madrid que existe en la CAV casi un «consenso generalizado» sobre la idea de que «otra política penitenciaria es posible de acuerdo a la propia legalidad». Dijo que esta es «muy garantista», pero también «muy generosa», destacando, especialmente, su «afán reinsertador» para «todos aquellos que quieran dar el paso para integrarse en democracia».
Así se pronunció López al ser preguntado, a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE en Madrid, sobre la manifestación que tuvo lugar el sábado en Bilbo y que reunió a cerca de 110.000 personas, la mayor en muchos años.
El inquilino de Ajuria Enea aprovechó para dejar claro que no le «parece bien» que se defina como «políticos» a los integrantes de EPPK. «Los presos lo son por haber cometido asesinatos, por haberlo intentado o por ayudar y dar cobertura a los asesinos y eso no es política», sentenció.
Por otra parte, López explicó que aunque hace días que solicitó un encuentro con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la cita todavía no tiene fecha, y avanzó que le planteará el decálogo que él mismo presentó en el Parlamento de Gasteiz como hoja de ruta para encarar el nuevo escenario tras la decisión de ETA de cesar su actividad.
En esta misma línea, también en Madrid, el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, defendió que la nuevo política carcelaria tiene que ser «fruto del diálogo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España» basada en que sea «más dinámica y flexible». Ares mencionó que la política de acercamiento o dispersión «está dentro de la legalidad». «No hay que descartar que pudiera hacer acercamiento si eso contribuye a un objetivo fundamental: la reinserción de aquellos que quieran reinsertarse», sentenció.
En Donostia, a través de su blog, el diputado del PSOE Odón Elorza señaló por contra que aquellos que piden «amnistía para los presos de ETA» no son conscientes de cómo están debilitando y perjudicando el proceso. Elorza dijo que es llamativo que los «independentistas radicales» hablen de «gestionar la paz» porque «son los mismos que todavía no han sido capaces de condenar ni un solo crimen durante más de 30 años».
