El Gobierno francés ha anunciado para este año que acaba de comenzar una serie de medidas para disminuir la alcoholemia al volante y aumentar la seguridad en los automóviles. Una de las medidas más relevantes es la instalación de alcoholímetros antiarranque en los vehículos de reincidentes.

Según anuncio el presidente francés, Nicolas Sarkozy, su uso se generalizará a partir de la primavera; es decir, en cuanto los decretos de homologación de los aparatos estén publicados y los centros de instalación sean designados. Desde 2004, el dispositivo ha sido experimentado en la ciudad francesa de Annecy, en la Alta Saboya. Y según fuentes gubernamentales, gracias a ello la tasa de reincidencia ha disminuido de 10 a 2%.

Un procurador o un juez podrá imponer la instalación de un alcoholímetro antiarranque en el automóvil de una persona que haya dado positivo en una prueba de alcoholemia. El automovilista deberá, cada vez que usa el vehículo, soplar varias veces en la máquina, o el dispositivo no le permitirá arrancar.

«La idea irrumpió en 2003, año en el cual se retiró el permiso blanco que permitía a las personas que habían dado positivo usar su automóvil durante los días de labor. En caso de alcoholemia, la sanciones duras no funcionan con las personas dependientes», insistieron los especialistas en materia de prevención de tráfico.

Teléfono y rádares

El Ejecutivo francés publicó, asimismo, la semana pasada un decreto que endurece las sanciones contra algunas infracciones de tráfico como telefonear al volante o llevar aparatos para la detección de rádares.

El decreto fija una multa de 135 euros -frente a 35 hasta ahora- por utilizar el teléfono cuando se conduce, además de la retirada de tres puntos del carné -frente a dos puntos menos anteriormente-.

Una de las modificaciones más significativas es la imposición de una multa de 1.500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir por la detención, el transporte o la utilización de dispositivos para localizar rádares.

Para poder seguir vendiéndolos, los fabricantes tendrán que transformarlos en los denominados «asistentes de ayuda a la conducción», que se limitarán a señalar zonas consideradas peligrosas susceptibles de tener instalados rádares fijos. La sanción se agravará para los conductores que tengan en su campo de visión una pantalla activa que no sea de un GPS.