El diputado general de Araba, Javier De Andrés (PP), señaló ayer que las pruebas óseas han detectado un fraude del 65% en el colectivo de los menores extranjeros no acompañados, y recordó que 18 jóvenes expulsados de los centros de acogida han quedado fuera de los servicios sociales porque «no tienen derecho a los mismos».

Esta explicación surge como respuesta a la denuncia pública efectuada por una plataforma popular, que este lunes advirtió de la expulsión de una veintena de jóvenes extranjeros de los centros de acogida forales al aportarse pruebas óseas que determinaban su supuesta mayoría de edad.

Por su parte, en Gipuzkoa la Diputación negó ayer que el centro de acogida de menores que la institución tiene en Zizurkil sea conflictivo, y matizó que el mismo genera las molestias que puede provocar cualquier vivienda ocupada por adolescentes.