UPN y PSN desoyen las protestas y sacan adelante su renta básica
UPN y PSN, socios en el Gobierno de Nafarroa, sacaron adelante con el apoyo del PPN la Ley foral que regula la nueva Renta de Inclusión Social, una reforma de la renta básica muy criticada por la oposición, que la considera «restrictiva» y hecha con criterios de ahorro y no sociales, así como por numerosos colectivos sociales. Miembros de la Asamblea de parados de Iruñerria ocuparon las oficinas de Bienestar Social para mostrar su rechazo al texto aprobado.
GARA | IRUÑEA
El pleno del Parlamento de Nafarroa llevó a cabo ayer el debate y votación del dictamen del proyecto de Ley Foral por la que se regula la Renta de Inclusión Social, antigua Renta Básica, que entre otros aspectos aumenta de 12 a 24 meses el plazo de residencia legal necesario para cobrar la prestación.
A favor de la reforma de la ley se posicionaron José Antonio Rapún, de UPN, María Victoria Arriza (PSN) y Enrique Martín (PP), quienes consideraron que garantiza un derecho, busca un sistema justo y sostenible y evita el fraude y la picaresca.
Sin embargo, Xabi Lasa (NaBai) advirtió que la reforma nace de una «filosofía segregacionista de derechas», que pone «más obstáculos» al acceso a la renta a los inmigrantes. Bikendi Barea, de Bildu, lo definió como un proyecto «restrictivo», porque no respeta los derechos de la totalidad de la ciudadanía, limita y endurece los requisitos y «profundiza en la lectura coercitiva de la ley».
Txema Mauleón (I-E), por su parte, lamentó el «conjunto de despropósitos» que supone la ley, con serias «dudas legales» y falta de apoyo de los colectivos que trabajan con parados y excluidos.
«Renta básica para todos»
En el exterior, miembros de la Plataforma en defensa de la renta básica y de la Asamblea de parados de Iruñerria mostraron también su oposición a la nueva norma y escenificaron la «venta» del bienestar social. Un grupo de participantes en la protesta llegó a entrar en el Departamento de Política Social, donde exigieron una «renta básica para todos». Este colectivo rechaza la reforma porque considera que «excluye de la protección social a amplios sectores de la población» en un momento en el que en Nafarroa hay 46.946 personas sin trabajo y 11.600 hogares tienen a todos sus miembros en paro.
Asimismo, denuncia que su tramitación se ha realizado «sin participación y sin consenso social».
Además de la exigencia de 24 meses de residencia, el nuevo texto aprobado ayer establece que para acceder a la renta básica se requerirá ser mayor de 25 años y menor de 65, y que los recursos económicos de la unidad familiar en el último semestre sean, en cómputo mensual, inferiores a la cuantía de la renta de inclusión social que le correspondería.
La cuantía de la Renta en 2012 será de hasta 641,40 euros mensuales para una persona; 769,68 euros para dos; 833,82 para tres; 897,96 para cuatro; y de hasta 962,10 para cinco o más.
La norma tiene un régimen sancionador que castiga las actuaciones destinadas a «obtener o conservar la renta a sabiendas de que no se reúnen los requisitos» exigidos, con infracciones que serán sancionadas con multas de entre 100 y 3.000 euros.
El pleno del Parlamento rechazó con los votos en contra de UPN, PSN y PPN, y el apoyo del resto, tomar en consideración la proposición de Ley efectuada por Bildu para amparar legalmente el aumento de consignación presupuestaria de diversos servicios públicos, como sanidad, educación y políticas sociales.
Al tiempo que apoyaban la nueva Renta de Inclusión Social, UPN y PSN rechazaban la toma en consideración de la proposición de Ley foral sobre límites e incompatibilidades de las retribuciones públicas efectuada por I-E con el fin de garantizar el «exacto cumplimiento del principio de un cargo, un sueldo».
En su defensa, Txema Mauleón (I-E), planteó su intención de «poner orden, transparencia y criterios éticos en las retribuciones de los altos cargos de la Administración», más aún tras la «indignación social» surgida al conocerse las «importantes dietas» que algunos consejeros cobraban de órganos desconocidos hasta entonces, en referencia a la CAN.
Txentxo Jiménez, de Nafarroa Bai, y Maiorga Ramírez, de Bildu, apoyaron las proposiciones, al considerar que en un momento como el actual es fundamental la transparencia de las retribuciones, mientras Ana Beltrán, del PP, se mostraba de acuerdo en buena parte de lo propuesto, si bien «no al cien por cien».
En contra, pese a decir que sus partidos apoyan algunas propuestas y mostrarse de acuerdo en el «rigor y transparencia» necesarios en este asunto, se mostraron UPN y PSN, partidos que sustentan al Gobierno, que ha anunciado que está preparando una Ley de Transparencia que regule todos estos criterios. GARA
