DENUNCIAS DE BEBÉS ROBADOS
Preparan doce exhumaciones tras hallar vacíos tres féretros
El escándalo de las desapariciones de recién nacidos no deja de crecer. SOS Bebés Robados revela que se prevén otras doce exhumaciones en Gipuzkoa después de que tres féretros abiertos en Derio, Polloe e Itsasondo no contuvieran restos. Exige que no se archiven los casos.
A.ABARIZKETA - N.GOTI | DONOSTIA
Tras una hora de reunión con el alcalde de Donostia, la familia Losa-Ocáriz, cuyo panteón familiar fue exhumado el pasado martes en el cementerio donostiarra de Polloe sin que se hallaran restos de su hermana Rebeca, compareció ante los medios de comunicación acompañada por la coordinadora en Gipuzkoa de SOS Bebés Robados, Amadeli Díaz. Los presentes señalaron que han detectado 320 casos de posibles bebés robados en Gipuzkoa, unos 200 de los cuales estarían judicializados -de estas denuncias un 10% o 15% han sido archivadas por falta de pruebas-, e informaron que existen doce nuevas peticiones de exhumaciones en panteones familiares que se sumarían a las tres practicadas ya en Donostia, Bilbo e Itsasondo, en las que no se encontraron restos humanos en los féretros.
Tal y como señalaron después a este diario, existen dos nuevas exhumaciones ordenadas por los juzgados, una de las cuales se llevará a cabo en Hernani, según precisaron, aunque se desconoce cuándo se realizarán.
Otro de los datos que reveló ayer Amadeli Díaz es que en este herrialde tienen cinco «niños» localizados que «han sido vendidos y apropiados, que se han puesto a nombre de la familia como hijos biológicos y no lo son, y han pagado un dinero por ello, que siempre era el valor de un piso y en algunos casos el de dos». Por todo ello, llamaron «a todas las personas que han trabajado en hospitales, que hayan visto y que hayan supuesto que hay cosas irregulares, que denuncien a todos estos médicos que se han lucrado con la venta de los niños».
Respecto al personal sanitario, Díaz señaló que «en algunos casos» han declarado ya «como testigos» algunos pediatras y ginecólogos, a lo que añadió que «será el juez quien decida si serán imputados o no».
También alertó de la importancia de localizar los legajos de aborto anteriores a 1975 que se encuentran desaparecidos, ya que suponen la prueba principal para que las familias puedan «demostrar que ese niño ha existido o que nació y ya no está».
Desde la asociación también confirmaron a GARA que están haciendo un estudio «de los niños que morían en Donostia» y que pretenden hacer una estadística de cada año. «El estudio demostraría que existía una trama», según puntualizaron, ya que «estamos hablando de un 30% de mortandad neonatal en algunos momentos», resaltaron sobre años como 1976, en el que se han centrado. «Es algo increíble. Antes a las madres las podían engañar, pero a los hijos de esas personas no nos pueden engañar, ya sabemos que no es posible que un bebé muera en ciertas circunstancias. Viendo los informes médicos, nos sorprende con qué frialdad se jactaban de decir cosas», manifestaron. En este sentido, Díaz indicó en la comparecencia de prensa que en ese mismo año «mientras en África se moría un 2% de los niños en 24 horas, en la residencia sanitaria lo hacía el 30%».
Cecilia Losa Ocáriz, que habló en nombre de su familia, hizo un llamamiento a todas aquellas personas que «tengan dudas» al respecto a que «se hagan una prueba de ADN», aun sabiendo que «la verdad siempre es dura». Además, pidieron a la ciudadanía que «sean consecuentes» y colaboren con SOS Bebés Robados porque «hay unas personas que están trabajando por ellos sin medios y es importante que también se involucren».
Sin notificación
Otra de las familias afectadas por un posible caso de bebés robados consultada por GARA explicó ayer que aún no se le ha notificado si se ordenará la exhumación de los restos. Karmele Mugika aseguró a este diario que siguen a la espera de esa comunicación, convencidos de que en su caso concurren irregularidades que aconsejarían clarificar que pasó con el bebé prematuro -era sietemesino- que dio a luz en la Residencia Aranzazu en 1977 y que 24 días después oficialmente falleció «por un fallo cardiorespiratorio».
De otro lado, el pasado lunes se produjo una nueva exhumación en Gipuzkoa, concretamente en el cementerio de Itsasondo. Según publicó un medio del herrialde, tampoco en este caso se han encontrado restos biológicos. La familia ha preferido mantenerse en el anonimato y tampoco se conoce la fecha a la que corresponde. Preguntados por este caso, Cecilia Losa Ocáriz declinó hacer comentario alguno alegando que «es la familia quien decide cómo hacerlo».
Respecto a su propio caso, al margen de la vía judicial que sigue su curso, señaló que ahora están centrados en su presencia pública «para que nuestras caras queden reflejadas en los medios gráficos». La idea es que la noticia se difunda al máximo posible. De momento, nadie se ha puesto en contacto con ellos. «Hay que dar tiempo a las personas, quizás haya alguien que pueda decir algo», señaló.
La asociación llamó ayer a todas la ciudadanía a participar en la concentración que tienen previsto realizar el próximo día 27, a las 17.00, en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz.
Los presidentes de SOS Bebés Robados Madrid, Anadir y Aberoa tienen previsto acudir el próximo día 27 a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, para entregar un escrito en el que se solicita, entre otros puntos, que cese el archivo de las denuncias y que se abran nuevas vías de investigación. Esta cita responde a una iniciativa de una afectada por un caso de bebé robado que impulsó una recogida de firmas en distintos foros. Se espera que acudan cientos de personas desde todo el Estado, que realizarán una concentración. Ese día se cumplirá un año desde que se entregó la primera tanda de denuncias, muchas de ellas ya archivadas. GARA
Cecilia Losa Ocáriz calificó como «positivo» el encuentro que tuvieron su familia y la coordinadora de la asociación, Amadeli Díaz, con el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre. Tras la reunión, realizada a petición de la familia y que se prolongó durante una hora, los afectados explicaron que pidieron al alcalde que intervenga en estos casos para que a la asociación se le facilite el acceso a documentación que puede arrojar datos sobre las investigaciones en curso y estudios que corroboran la sospecha extendida de «que algo raro ha pasado con los niños».
Fuentes de la asociación clarificaron a GARA que se refieren particularmente a que se les permita el acceso a los `libros de párvulos', un registro de los bebés fallecidos y enterrados en el cementerio, cuyos datos son «fundamentales» para ahondar en el estudio que están realizando.
Explicaron que a Izagirre le pidieron ayuda económica y un local para que la asociación pueda realizar sus actividades y para que las familias que quieran hacer sus denuncias tengan un lugar al que dirigirse.
Tras reconocer a este diario que están «absolutamente desbordados» ante las dimensiones que está tomando su labor, los implicados explicaron que llegaron tarde a la convocatoria de ayudas municipales. «Estamos trabajando en varios temas a la vez y no tenemos a nadie que nos asesore en temas como la petición de ayudas», señalaron.
En esa línea, Losa Ocáriz consideró «importante» que todos los partidos políticos «no miren hacia otro lado, que se involucren, que trabajen, que se esclarezcan los hechos y ayuden a la asociación que lleva trabajando muchísimos años sin medios y sin apoyos».
«Queremos que haya un apoyo a la investigación para que se esclarezca lo que ha sucedido con los bebés, que no se dé carpetazo, que se investigue hasta el final», aseguró, al tiempo que remarcó que «tenemos derecho, no solo las familias, sino toda la sociedad vasca, de saber qué ha sucedido con nuestros hijos y los datos son objetivos, contrastados con un juez, con un fiscal, por una Policía».
Por su parte, la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobó ayer una declaración institucional a través de la cual pide a la Diputación que cree un servicio de asesoría para los afectados por el presunto robo de bebés entre los años 50 y 90 en este herrialde. En el texto aprobado se recoge que en el citado período de tiempo se han dado «irregularidades administrativas que hacen sospechar sobre casos de apropiación indebida de niños recién nacidos o adopciones irregulares».
En cuanto al Gobierno de Gasteiz, su portavoz, Idoia Mendia, señaló ayer que el Ejecutivo autonómico no puede prestar ayudas económicas a las asociaciones que investigan los casos de bebés robados porque existe una instrucción en el Departamento de Economía que impide crear subvenciones nuevas.
Mendia manifestó, además, que la situación de crisis económica imposibilita al Ejecutivo que integra a subvencionar a las asociaciones que estudian los casos de bebés robados. N.G - A.A
