La Comisión Europea dio ayer un mes al Gobierno húngaro de Viktor Orban para modificar las leyes que le confieren poderes especiales sobre la banca central, bajo pena de denunciarlo ante la justicia y negarle una ayuda financiera crucial.

El presidente de la Comisión, Jose Manuel Barroso, anunció en Estrasburgo la apertura de «procedimientos de infracción» contra Hungría con respecto a sus reformas relativas al banco central, los jueces, y la autoridad húngara de protección de datos. «No queremos que quede ninguna sombra de duda más tiempo sobre este país», explicó Barroso. Si no modifica estos textos de aquí a un mes, el Gobierno húngaro puede ser proseguido en el Tribunal de Justicia europeo, ante los recelos por su deriva autoritaria

Budapest está también bajo presión del FMI, preocupado por la independencia del presidente del banco central, a quien la reforma prevé acompañar de directivos nombrados por el Gobierno.

Mientras el Estado húngaro, al borde de la quiebra, busca obtener de la UE y del FMI un crédito de 15.000 a 20.000 millones de euros, el comisario encargado de asuntos económicos, Olli Rehn, subrayó la condición «la plena independencia del banco central» para concederlo.

Budapest envió algunas señales para calmar a Bruselas. El ministro Zoltan Kovacs garantizó que su país estaba dispuesto a solucionar todos los problemas planteados por la Comisión, felicitándose de que la discusión haya vuelto al nivel «de los detalles técnicos y las cuestiones jurídicas».

Antes de encontrarse con Barroso el 24 de enero, Viktor Orban se explicará hoy ante el Parlamento Europeo.