Según la última versión del borrador difundida ayer por la agencia Efe, el nuevo texto del acuerdo que negocian todos los estados miembros de la Unión Europea excepto Gran Bretaña, con fecha de ayer, no solo refleja las demandas efectuadas por la canciller alemana, Angela Merkel, sino que también incluye algunas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

El Ejecutivo comunitario elaborará ahora informes sobre la correcta introducción de la «regla de oro» o freno de deuda en las legislaciones vinculantes o constituciones por parte de cada país, y si persiste el incumplimiento, uno o más firmantes del acuerdo podrán llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Los países podrán además, con independencia de los análisis de la Comisión Europea, denunciar a otro país ante esa corte.

El texto aclara además qué tipo de sanciones podrá dictarse para un continuo incumplimiento, al especificar que se puede, en última instancia, imponer una suma global o una sanción que se ajuste a las circunstancias y que no deberá exceder el 0,1 % del PIB del Estado afectado, que será abonada al fondo de rescate permanente (MEDE).

Otro de los aspectos que refuerza este último documento es la cooperación entre los parlamentos estatales y la Eurocámara, que ahora celebrarán conferencias conjuntas a las que asistirán los presidentes de sus respectivas comisiones de presupuesto.

El borrador se hace eco de una exigencia de los eurodiputados, puesto que ahora el presidente del Parlamento Europeo puede ser invitado a las cumbres de líderes del euro que se celebrarán al menos dos veces al año.

También podrán unirse a la cita, cuando se considere oportuno y al menos una vez al año, los socios que no forman parte del euro, pero que hayan ratificado el pacto fiscal, una petición explícita de países como Polonia y Dinamarca, entre otros.

Acuerdo abierto

El acuerdo para reforzar la disciplina fiscal quedará abierto a todos los miembros de la UE que quieran unirse y no lo firmen en un primer momento, según el borrador.

Su entrada en vigor se producirá una vez lo hayan ratificado 12 países, que además solo podrán desvincularse de sus compromisos en «circunstancias excepcionales», y su contenido deberá ser trasladado a la legislación comunitaria en un plazo máximo de 5 años.