El juez español Baltasar Garzón defendió ayer su derecho a la inocencia ante el Tribunal Supremo que le ha juzgado por ordenar la intervención de las conversaciones que los imputados del «caso Gürtel» mantenían con sus abogados en prisión. «Yo reclamo mi derecho a la inocencia», manifestó el magistrado ante los jueces en su alegato final al término del primero de los juicios a los que se enfrenta en el Estado español, en este caso por violar el derecho a la defensa, y que quedó visto para sentencia.

Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional española desde mayo de 2010, aseguró que asume todas y cada una de las decisiones adoptadas en relación a la intervención de las comunicaciones en prisión en relación al «caso Gürtel» y defendió que no se violentó el derecho de defensa, sino que todas las decisiones se adoptaron en el ejercicio jurisdiccional y estuvieron guiadas a proteger los derechos de las partes.

Todas sus decisiones «fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad», afirmó Garzón, tras reiterar que eran la única vía para evitar que la red corrupta relacionada con el PP siguiera delinquiendo desde prisión.

Garzón subrayó que se perseguía un delito de blanqueo de capitales, en el que se constató que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, continuaban dirigiendo las estructuras desde la cárcel, por lo que las escuchas eran «la única medida posible», como confirmaron los testimonios de los policías que el miércoles declararon en el juicio.

Negó que se esconda tras la excusa de que actuó movido por una razón de Estado al señalar que «la única razón de Estado que comprendo es la razón democrática de los ciudadanos».