El director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, insistió ayer en que la actuación de la policía en el intento de desalojo de plaza Catalunya, saldada con más de 100 heridos, fue una actuación correcta, realizada con «voluntad de limpieza y retirada de objetos peligrosos». Así lo sostuvo después de haber declarado como imputado durante dos horas ante el juez que investiga los hechos del pasado 27 de mayo.

Recibido en los juzgados por una veintena de indignados y acompañado en todo momento por la cúpula de los Mossos, Prat evitó responder a las preguntas de los periodistas, por lo que fueron los abogados de la acusación los que dieron más detalles, como el hecho de que la policía autonómica no abrió ni un solo expediente disciplinario tras las cargas policiales.

Con el conseller de Interior

Según los abogados, Prat admitió estar enterado en todo momento del transcurso del operativo y reconoció ante el juez que junto a él estaba aquel día el conseller de Interior, Felip Puig, al que el juez no ha podido imputar por ser diputado en el Parlament.

Aunque delegó gran parte de la responsabilidad de la carga en mandos intermedios, Prat señaló que la orden de cargar con pelotas de goma fue suya. Otro de los temas candentes del caso es la falta de identificación de los agentes antidisturbios, que impide concretar las denuncias de los afectados. Según los abogados de la acusación, Prat declaró que la norma que obliga a los Mossos a llevar la identificación visible es «interpretable» y recurrió a la ya habitual defensa de que el chaleco de protección impide la visualización de la identificación.

Sobre el aviso a los indignados, Prat aseguró que no pudieron comunicar a los acampados la operación de limpieza porque no encontraron ningún portavoz al que poder comunicárselo, pese a que la acampada de plaza Catalunya contaba con una comisión jurídica bien estructurada que se encargaba de la relación con las autoridades. La declaración del director de los Mossos se ha producido una semana después de que pasase delante del mismo juez, también como imputada, la exteniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Asumpta Escarp, quien aseguró que la Guardia Urbana no tenía ninguna orden para cargar contra los indignados.

El juez Josep Maria Miquel Porres imputó a Prat y Escarp después de admitir a trámite la querella presentada por 55 de los heridos en el intento de desalojo, realizado con la excusa de limpiar la plaza y dejarla en condiciones para la posible celebración del partido del Barça de aquel día.