El Gobierno español y el PP, con la ayuda del líder provisional del PSOE y ex ministro del Interior, son los únicos que prefieren hacer la vista gorda ante el trabajo que vienen desarrollado los miembros de la Comisión Internacional de Verificación y del que dieron cuenta el jueves. Durante la jornada de ayer se confirmó que, como anunció la CIV en su nota, la receptividad ha aumentado en esta segunda visita. Patxi López admitía que el Gobierno de Lakua ha tenido contactos con los verificadores. Y dirigentes del PSE calificaban de «positiva» su labor.

El «frente del no» se nuclea en torno a La Moncloa. Tanto Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Ejecutivo de Rajoy, como Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta ahora responsable de Interior del Gobierno español, se aferraron ayer al discurso de que la verificación compete a las FSE.

Una vez conocido el diagnóstico de la CIV, contundente en garantizar la voluntad de ETA, la portavoz del Gabinete español eludió seguir sembrando dudas sobre la posición de la organización armada, como ha hecho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las últimas dos semanas. Pero al mismo tiempo, Sáenz de Santamaría hizo hincapié en que no tienen en cuenta a esta comisión de expertos internacionales de primer nivel. «Al Gobierno lo que le importa es que ETA desaparezca para siempre, y lo único que nos importa es la labor de las FSE. Esa es la labor clave para nosotros, la verificación que se viene haciendo cada día deteniendo terroristas», argumentó tras el Consejo de Ministros.

Rubalcaba también optó por esta respuesta de manual al ser preguntado por el informe de la CIV en una visita a Sevilla: «No hace falta esa comisión porque el Estado tiene sus propios medios para verificar. Lo que tienen que hacer ETA es dejar de llevar pistolas, entregarlas, liquidarse definitivamente y acabar de una vez por todas con este terror de 50 años».

La cerrazón del Gobierno español arrastró también a los dirigentes del PP vasco, que lanzaron su discurso más duro contra los verificadores. Para Antonio Basagoiti, «una comisión así tiene que actuar en paises en guerra, en los que no hay Estado de Derecho o democracia. No es lógico ni sensato». Iñaki Oyarzábal, su número dos, añadió que el PP atiende las «opiniones» de la CIV, pero «no se presta al juego y la escenificación que plantea la izquierda abertzale, que es quien inicialmente contrató a estos señores».

El PSE confirma que se suma

Por contra, quienes han intervenido en los contactos con la CIV se muestran satisfechos de su trabajo, y lógicamente también de sus conclusiones. Desde el PSE, incorporado ahora a estas sesiones, en la noche del jueves José Antonio Pastor calificó de «positiva» la visita, y ayer Alfonso Gil, secretario de Organización, recalcó que «estamos dispuestos a colaborar» porque «parece razonable que se escuche y colabore» para «consolidar este nuevo tiempo». Tras ello, Patxi López admitía escuetamente que también el Gobierno de Lakua ha mantenido contactos con la CIV, algo que que- daba en duda tras la nota del jueves, en la que como interlocutor se aludía al PSE.

En una intervención en el Forum Europa, Pello Urizar (EA) remarcó el valor de esta comisión por su neutralidad y añadió un aviso: «Es necesario el diálogo de ETA con los estados. No hay otra forma de llegar al desarme. Es así de simple. Europa no entendería que no se actuase de manera responsable».

Bildu emitió una nota que insta al Gobierno español a que «tome medidas» comenzando por la cuestión penitenciaria y promete que «desde el ámbito institucional, ayudaremos en todo lo posible a la resolución del conflicto».

Para Mikel Arana (Ezker Anitza), es necesario ahora que la CIV, Lakua y Madrid colaboren.