Una muestra reciente de este aroma: el debate de hace un unos de días en la CNN entre los precandidatos republicanos fue patrocinado por American Petroleum Institute, la asociación de las empresas petroleras estadunidenses; Barack Obama anunció que aceptará la nominación de su partido en un estadio que lleva el nombre del Bank of America; el precandidato Mitt Romney tiene millones de su fortuna personal en un paraíso fiscal para evitar contribuir al Tesoro Público de su país; un fallo de la Corte Suprema ha desatado lo que un analista llamó «un tsunami de dinero privado en el proceso electoral».

Se pronostica que esta será la elección más cara en la historia de la Humanidad, tal vez superior a los mil millones de dólares. Pero esta ronda «democrática» tiene algo nuevo que explícitamente pone de manifiesto que en las elecciones en Estados Unidos se trata más de dólares que de votos.

Hace exactamente dos años, la Corte Suprema estadounidense emitió un fallo en el «caso Citizens United», por el cual otorgaba a empresas y a ricos el derecho a invertir cantidades ilimitadas para influir en el proceso electoral, al determinar que las compañías son «personas» y, por lo tanto, gozan del derecho individual a la «libre expresión». Aunque se mantienen límites estrictos sobre cuánto se puede donar a las campañas individuales de candidatos, no hay límite sobre gastos para promover o atacar a otros aspirantes, siempre y cuando no se haga en coordinación con una campaña especifica.

Los efectos de esta resolución se evidenciaron de inmediato en las elecciones legislativas y estatales de 2010, cuando al amparo de ese fallo de la Corte Suprema aparecieron nuevas entidades legales llamadas «supercomités de acción política» (Súper PAC), a través de los cuales se canalizan esos fondos ilimitados, sobre todo en publicidad política. Según la Fundación Sunlight, los «Súper PAC» gastaron un total de 455 millones de dólares. La procedencia de 126 de esos millones nunca se ha conocido porque el Congreso no ha promovido una ley que obligue a reportar el origen de este tipo de contribuciones a los «Súper PAC».

En el ciclo electoral presidencial de 2012 se espera que esas cantidades sean mucho mayores. Los «Súper PAC» ya han gastado hasta la fecha casi 30 millones de dólares y los comicios presidenciales son en noviembre.

La Fundación Sunlight, centro de investigaciones independiente dedicado a hacer seguimiento a esta cuestión, realizó una investigación sobre quiénes son los principales donantes de los procesos electorales federales a través de sus aportaciones a las campañas, los partidos, los «Súper PAC» y otros grupos. En 2010 descubrió que poco menos de 27.000 individuos, un grupo muy reducido, contribuyeron cada uno de ellos con 10.000 dólares como mínimo para aportar un total de 774 millones de dólares. «Cuando se trata de política, estos son el 1% del 1%», afirma Sunlight.

«Creo que lo que uno ve en el sistema de financiación política es el acceso desigual y sin precedentes de los ricos e influyentes a los que toman las decisiones en el Gobierno. Son los que hacen las grandes contribuciones a las campañas... Ellos determinan quién se postula para los cargos y quién gana, qué hace el Congreso...», asegura Ellen Miller, de la Fundación Sunlight, en una entrevista con Bill Moyers en su programa «Moyers & Company».

Cada vez más explícitas

Los ejecutivos e inversionistas que conforman este «1% del 1%» en la financiación de la política están ligados a un número reducido de empresas. En 2010, de las 10 principales compañías, seis pertenecían al sector financiero, encabezadas por ejecutivos de Goldman Sachs, seguidos por otros de Citigroup. Otras empresas, cuyos «empleados» forman parte de este grupo de donantes, son Microsoft, RJ Reynolds Tobacco, American International Group y Bear Stearns.

Esta «compra» del proceso político por medio de recursos para cabildear, contribuir a campañas y las guerras de propaganda política en los grandes medios por compañías, ejecutivos, abogados y cabilderos de los sectores más ricos de este país siempre ha existido, pero se ha vuelto aún más marcada y hasta explícita en las últimas décadas, y con el fallo de la Corte Suprema en 2010 ahora llega a niveles obscenos. Hasta el exdirector de la oficina del Presupuesto Federal de Ronald Reagan, David Stockman, alerta que en la actualidad en Estados Unidos «no tenemos ni capitalismo ni democracia. Tenemos un capitalismo clientelista».

La población repudia todo esto. Varias encuestas han registrado que la mayoría de la ciudadanía opina que el Gobierno federal no representa sus intereses ni comparte sus preocupaciones, y que hay demasiado dinero privado en las elecciones. Hay protestas por todo el país sobre este asunto, las cuales se han multiplicado durante los últimos meses mediante el movimiento Ocuppy Wall Street, que repudia lo que llama «el secuestro de la democracia por el 1%», y en sus manifestaciones se burla del sistema con pancartas con lemas como «no tengo con qué contratar a un cabildero, solo tengo esta pancarta».

Es cierto que nada de esto es nuevo. «Tenemos el mejor Congreso que el dinero puede comprar», aseguró el humorista Will Rogers hace más de 70 años. El músico Frank Zappa manifestó hace un par de décadas que «la política es la rama de entretenimiento de la industria». El cómico George Carlin tal vez resumió todo al señalar que «los dueños de este país conocen la verdad: se llama el sueño americano porque uno tiene que estar dormido para creérselo».

Pero quizás esta vez, por ser ahora tan extremo y obsceno, habrá un despertar de este letargo; mientras tanto, por ahora hay una pausa en esta democracia mientras se ofrece otro mensaje más de sus patrocinadores empresariales. Como indica un máxima básica para todo periodista, detective y cualquiera que desee descubrir los misterios del poder: «Follow the money».