Si hace apenas un mes PNV y PP alcanzaban un acuerdo para repartirse el consejo de administración de Kutxabank, dejando al margen a la mitad del espacio político de la CAV, ahora el PSE se ha unido a esas dos formaciones en una treta que pretende paralizar la renovación de los órganos de dirección de las cajas de ahorro. Se trata de una maniobra burda con la que estas tres formaciones políticas buscan frenar y condicionar el cambio derivado de las elecciones de mayo, y la irrupción de un agente político con ideas y valores muy diferentes a los suyos. Y para ello quieren hacer valer un mecanismo legislativo que el Tribunal Constitucional ya ha declarado ilegal.

PNV, PSE y PP saben que el nuevo escenario político e institucional se va a extender indefectiblemente a todos los ámbitos de este país, también al financiero, pero lejos de propiciar que la nueva realidad, que viene a sustituir a aquella en la que una parte de la sociedad había sido excluida de forma arbitraria, ocupe cuanto antes el lugar que le corresponde, están haciendo todo lo posible por obstaculizar el cambio y mantener las inercias del pasado. Desde luego, les resulta mucho más cómodo gestionar, por ejemplo, un órgano en el que Hamaikabat, que ni siquiera existe ya como partido y que no cuenta con representación institucional, tiene 13 representantes, que otro en el que se vea reflejada la voluntad popular expresada en las urnas. Pero, del mismo modo, deben tener la certeza de que la sociedad toma nota de lo que está sucediendo y que no va a dejar pasar sin respuesta este tipo de actitudes.

Hace cuatro meses, Bildu hizo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo en torno a Kutxabank, pero desde entonces el resto de fuerzas políticas ha despreciado ese esfuerzo y ha tratado de marginar a la coalición de izquierdas. Buscan ganar tiempo y dejar todo atado de cara al futuro en un sector vital como es el financiero, pero esas mismas sogas pueden apretarles mucho cuando se vuelvan a enfrentar al reto de las urnas.