MANIOBRA PARLAMENTARIA
El TC anuló una treta como la que aplazará el cambio en las Cajas
PNV, PSE y PP van a colar una disposición transitoria en la Ley de la Autoridad de la Competencia para aplazar la renovación de los órganos de las Cajas de Ahorro. Una sentencia del Tribunal Constitucional ve ilegales estas tretas.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Aplazar la renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro de la CAV introduciendo una enmienda en la primera ley, sea de lo que sea, que fuera a aprobarse en el Parlamento de Gasteiz. Ese era el objetivo de PNV, PSE y PP y así lo harán este jueves -si nada lo impide- a través de una disposición adicional añadida a la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia, que no tiene ninguna relación con las entidades de ahorro.
La maniobra -de la que no se recuerdan precedentes en la Cámara autonómica- tiene apariencia de irregular, puesto que la iniciativa, que altera lo establecido en los estatutos de las Cajas, se presentará en el mismo pleno sin haber pasado por ningún trámite previo de control de su legalidad, como pudiera ser la calificación de la Mesa o la petición de un informe de los servicios jurídicos.
Además, la Sentencia 119/2011, de 5 de julio, del Tribunal Constitucional, establece la necesidad de que haya una relación entre una enmienda y la ley enmendada, puesto que una «enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa». Con este razonamiento anuló la decisión de la Mesa del Senado de diciembre de 2003 (mayoría absoluta del PP) de admitir reformas en el Código Penal -como la que castigaba la convocatoria de consultas- a través de enmiendas a la Ley de Arbitraje.
Renovaciones en marzo y abril
De acuerdo con sus estatutos, BBK, Kutxa y Vital Kutxa deben renovar la mitad de sus asambleas generales, consejos de administración y comisiones de control entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en unos procesos electorales que en algún caso están ya en marcha.
PNV, PSE y PP pretenden suspender estos procesos y prorrogar hasta un máximo de seis meses el mandato de los cargos que ahora debían renovarse. Alegan que cuando el Parlamento de Gasteiz apruebe la nueva Ley de Cajas, habrá que renovar otra vez sus órganos de gobierno y que gracias a esta prórroga se evita acumular dos procesos electorales en un plazo de pocos meses.
Pero a nadie se le escapa que la actual composición de los órganos de gobierno de las cajas dista mucho de responder a la representación social de cada territorio que se constató en las pasadas elecciones municipales y forales. Por ejemplo, el aplazamiento electoral conllevaría un notable retraso en la incorporación a las asambleas de representantes de Bildu, primera fuerza en número de concejales en la CAV y con fuerte presencia en las Juntas Generales de los tres territorios.
Especialmente notable es el caso de Gipuzkoa, donde gobierna la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia (entidades fundadoras que tienen 20 de los 100 de la Asamblea General), y la inmensa mayoría de las corporaciones municipales en cuyo término tiene abiertas oficinas Kutxa (que suman otros 30 representantes en la Asamblea General).
El aplazamiento también retrasa la traducción del poder del PP en Araba en los órganos de Vital Kutxa. Pero en este caso, la pérdida temporal se ve compensada por el acuerdo alcanzado con el PNV para repartirse entre ambos partidos el Consejo de Administración de Kutxabank.
Los próximos meses serán decisivos en la definición y organización del nuevo banco, por lo que el aplazamiento en la renovación de los órganos no es anecdótico.
En la primera ley que llegue
PSE, PNV y PP acordaron introducir una enmienda para prorrogar el mandato de los actuales órganos de gobierno de las Cajas en la primera ley que fuera a aprobarse en el Parlamento, y la pasada semana cerraron el texto para introducir una disposición adicional en la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia.
Se hará, además, aprovechando una de las enmiendas reservadas por el PNV para el debate en pleno, para dar lugar a una enmienda transaccional que nada tiene que ver con la ley debatida y que ni siquiera se ha discutido y analizado durante la tramitación parlamentaria.
PNV, PSE y PP colarán así que los cargos que estatutariamente debían ser relevados «quedarán automáticamente prorrogados, de forma excepcional» hasta la renovación de órganos a la que obligará la Ley de Cajas cuando se apruebe en el Parlamento. El plazo máximo es de seis meses.
La STC 199/2011
La utilización de una enmienda en una ley para alterar algo que no tiene nada que ver con su contenido fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional en su sentencia 199/2011, que anuló los cambios introducidos por el PP de José María Aznar en el Código Penal aprovechando una reforma de la Ley Arbitral en el Senado.
El Constitucional establece que « la enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica la modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido determinado con anterioridad; solo se enmienda lo ya definido».
Señala que, al aceptar una enmienda que no tiene nada que ver con el texto enmendado, «se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa». Lo que debería conllevar la superación de todo su trámite de aprobación.
El Tribunal recuerda que existen mecanismos para aprobar normas con urgencia y asegura que «desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente». Y concluye que «una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener pero no forzar la Constitución».
La iniciativa dicta que el aplazamiento no podrá ser superior a seis meses desde que entre en vigor la ley en la que han colado la prórroga. Pero entra en vigor al día siguiente de publicarse en el BOPV, para lo que Lehendakaritza tiene un plazo de 15 días.
Cuando el PP de Aznar utilizó la misma treta para cambiar el Código Penal a través de la Ley de Arbitraje, el PSOE y el PNV, al igual que toda la oposición, invocaron el «principio de convergencia» entre la enmienda y lo enmendado.
Gracias a la suspensión de la renovación de cargos en los órganos de gobierno de las Cajas que PNV, PSE y PP pretenden colar, se dará la paradoja de que un partido ahora inexistente como Hamaikabat!, que se disolvió en junio tras su fracaso electoral, seguirá contando con nada menos que el 13% de los miembros de la Asamblea General de Kutxa. La Diputación de Gipuzkoa ya pidió la dimisión a los consejeros de este partido y a quienes no representaran el mapa institucional del territorio. Bildu ofreció que la representación correspondiente a la Diputación se repartiera de forma proporcional a la representación en JJGG y no solo entre los gobernantes. I. I.
La Diputación de Gipuzkoa considera que el aplazamiento de la renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros es «una maniobra» que pretende excluir «la función social que promueve Bildu», y sus promotores intentan «tener así las manos libres» en unos meses trascendentales, por coincidir con el periodo de puesta en funcionamiento de Kutxabank, en el que se tomarán decisiones que condicionarán el futuro del nuevo banco.
En declaraciones realizadas ayer a GARA, fuentes de la Diputación de Gipuzkoa apuntaron que «creemos que es una maniobra con el objetivo de excluir a Bildu de la renovación de las asambleas para dejar de lado los valores sociales que defiende la coalición, es decir, dejar de lado la función social que promueve Bildu».
Desde el ente foral se hace especial hincapié en que, más allá de una cuestión de marginar a una sigla, se trata de impedir que lleguen a los órganos de gobierno de las cajas, y muy concretamente a Kutxa de Gipuzkoa, los principios sociales que defiende la coalición que hoy por hoy es nítidamente mayoritaria en este territorio.
Además, las fuentes de la Diputación llaman la atención sobre el intento de «alargar la vida de unas asambleas y unos consejos de administración que no responden a la realidad social y política del país». A su juicio, de esta forma, los promotores de la iniciativa parlamentaria pretenden «tener las manos libres para poder sentar unas bases de organización y funcionamiento que pueden hipotecar el desarrollo futuro de su actividad».
Por su parte, el vicepresidente segundo de Kutxa, Josu Ruiz, de Bildu, puso en duda que el procedimiento anunciado por PNV, PSE y PP sea legal, porque supone «anular la validez de los estatutos de las cajas, que marcan cuándo toca la renovación de sus asambleas».
Ruiz aseguró que Bildu seguirá trabajando con normalidad en todos los ámbitos relacionados con Kutxabank y cree «lamentable que el proceso que ha dado lugar a esta nueva entidad se esté llevando tan mal por parte de unos partidos que priman sus intereses políticos por encima de los intereses generales de una sociedad, la vasca, que observa con espanto cómo algunos actúan con tanta irresponsabilidad cuando estamos ante un tema muy serio, y más en situación de crisis económica, puesto que estamos hablando de qué modelo de Caja queremos y qué servicios tiene que ofrecer a la ciudadanía y a las empresas».
También el parlamentario de Eusko Alkartasuna, Juanjo Agirrezabala, ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de la iniciativa adoptada por PNV, PSE y PP y estudia la posibilidad de tomar algún tipo de medida al respecto.
Aralar, a quien inicialmente algunas informaciones colocaron como favorable al aplazamiento de la renovación de los órganos de gobierno de las Cajas, negó públicamente que se hubiera sumado al acuerdo y anunció que está estudiando los pormenores del acuerdo. I. IRIONDO
