El fiscal de la Audiencia Nacional española rebajó ayer la petición a un año y tres meses por «coacciones terroristas» o cinco meses por «delito contra las instituciones del Estado» para 18 aiararras a quienes se juzga por participar en la protesta contra la ilegalización ocurrida durante un pleno de Laudio en 2003. Otro de los imputados, Aitor de la Torre, queda fuera de la causa tras acreditarse que no se encontraba en el lugar de los hechos. Las defensas solicitaron la libre absolución mientras que las acusaciones particulares mantienen su petición de entre uno y seis años de cárcel. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

«Quienes nos acusaron han conseguido lo que querían, sentarnos en este tribunal», declaró Oier Amorrortu, uno de los procesados, en el último turno de palabra, en el que defendió la inocencia de todos los imputados. «Ni las acusaciones han acreditado por qué entraban en el tipo delictivo de coacciones terroristas», señaló previamente Jone Goirizelaia, que puso en cuestión las verdaderas motivaciones de los denunciantes (cargos del PP) a la hora de actuar contra los aiararras.

La abogada recordó las contradicciones entre sus testimonios y señaló que han variado su declaración a lo largo de la causa. Además, denunció que el largo proceso ha vulnerado el derecho a defensa.

Los imputados también agradecieron las muestras de solidaridad recogidas estas semanas.