Praileaitz podría encontrarse en estos momentos en una situación extrema. Las informaciones a las que pudo tener acceso este diario a última hora de la noche de ayer afirmaban que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) habría dado la razón a Zeleta S.L., empresa explotadora de la cantera de Sasiola -en cuyo corazón se encuentra enclavada la cueva debatarra de Praileaitz- ante una reclamación de responsabilidad patrimonial en contra del decreto 120/2007 que regula actualmente el perímetro de protección de esta caverna.

Recapitulemos en este asunto. En el año 2006 un equipo de arqueólogos de Aranzadi dirigido por Xabier Peñalver encontró una cueva que fue bautizada como Praileaitz I con importantes pinturas y materiales prehistóricos, y que pudo ser uno de los hallazgos más importantes a nivel europeo, según los especialistas. En 2007, el Departamento de Cultura por aquel entonces liderado por la jeltzale Miren Azkarate aprobaba el decreto 120/2007, que actualmente regula el área de protección y las actividades en torno a Praileaitz.

Sin embargo, la cueva vive bajo una constante amenaza, la de la actividad de la cantera que, lejos de cesar en la extracción de piedra, continúa explotando el entorno poniendo en peligro la subsistencia de la propia cueva y de la ladera que la bordea.

A pesar de que numerosas instancias sociales han exigido durante este tiempo el cese de la explotación con el fin de garantizar la protección de la cueva y su yacimiento -podría ser uno de los yacimientos más importantes de toda Europa, aunque solamente se conoce una mínima parte de su interior-, la cuestión es que Zeleta S.L. tiene reconocido el derecho de explotación en la cantera de Sasiola desde 2001, año en el que se le otorgó una concesión para la actividad extractiva de áridos por un periodo de 30 años, condicionada a la aprobación de los correspondientes planes de explotación por la administración competente en materia de minas.

Zeleta presentó en su día una reclamación de responsabilidad patrimonial, al entender que con la protección de la cueva se limitan sus derechos de explotación previamente reconocidos, reclamación que se eleva a algunas decenas de millones de euros. La suma se acerca a los 50 millones de euros.

Posible indemnización

Según fuentes fidedignas consultadas por este rotativo la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV habría dado la razón a Zeleta S.L. en este asunto, por lo que, por un lado, Praileaitz podría estar en peligro de perder la protección con la que cuenta y, por otro, Lakua podría estar obligada a tener que pagar una indemnización a Zeleta, aunque todavía la sentencia no se ha hecho pública.

En junio de 2010, el Departamento de Cultura liderado por Blanca Urgell publicaba en el BOPV un proyecto para renovar el anterior decreto, proponiendo diferentes medidas que arqueólogos e instancias sociales han calificado de «insuficientes». Según informaron desde Praileaitzen Lagunak a GARA, el Ejecutivo de Patxi López tendría como límite hasta el día de hoy para aprobar el nuevo decreto en el Consejo de Gobierno, cosa que no se llevará cabo, tal y como confirmaron ayer desde Lakua. Fuentes del Departamento de Cultura de Lakua informaron ayer de que el Ejecutivo ha retrasado la aprobación de este nuevo decreto para estudiar el fallo y, por consiguiente, una posible indemnización a Zeleta.

Queda por saber, por tanto, si el TSJPV, al dar la razón a la empresa explotadora, ha dejado en suspenso el anterior decreto, el 120/2007 y si, tal y como aseguran desde Praileaitzen Lagunak, el Gobierno de Lakua tiene como límite la jornada de hoy para aprobar su nuevo proyecto. De ser así, esta cueva tan valiosa podría quedarse sin apenas protección.