El ministro francés de Justicia, Michel Mercier, respondió el pasado 13 de enero a la carta enviada por la senadora comunista Nicole Borvo Seat-Cohen que, tras el anuncio de ETA del abandono de la actividad armada, le había conminado a que adoptara dos decisiones como «contribución a la consolidación del proceso democrático»: el acercamiento de los presos a Euskal Herria y la interrupción de los procedimientos de euroorden.

Según Mercier, en el caso de los presos vascos, el Estado francés ya favorece el criterio de mantenimiento de los lazos familiares ya que «tras ser condenados definitivamente son orientados a los centros más próximos a sus familias». A renglón seguido, matiza que «debido a la necesidad de mantener una equivalencia entre los perfiles de los presos en el seno de un mismo centro», se ven obligados a repartirlos en diferentes cárceles, «algunas más lejanas que otras» de su país.

Respecto a la ejecución de las euroórdenes, el ministro aduce que no puede «interferir en las decisiones judiciales».