El Gobierno de Nafarroa tiene ya en sus manos el ERE que le ha planteado Trenasa, que deberá aprobar o denegar en los próximos días. El expediente afectará a los trabajadores de taller de la empresa de Castejón, 91 personas, durante el año 2012.

Hasta ahora, el Ejecutivo navarro en muy pocas ocasiones ha puesto reparos a la aprobación de un ERE, pero según denuncia LAB, este caso puede resultar paradigmático, ya que el volumen de encargos que tiene para el presente año es de 2.408.000 euros, que viene a ser 300 euros menos que el año pasado. Tampoco estaría justificado el expediente, que contempla 8 despidos y 180 días de suspensión, en una entrada en pérdidas ya que, a falta de conocer los resultados de Trenasa del pasado año, en 2010 los beneficios de la empresa habrían ascendido a 1,6 millones.

No es la primera vez que UPN tiene que posicionarse con respecto al ERE de Trenasa. En Castejón ya se celebró una votación para instar a la empresa a que desistiera en su empeño en lanzar un ERE, La moción prosperó con los votos de PSN (4 ediles), IU (2), y UPSC (1). Sin embargo, los cuatro de UPN optaron por la abstención.

Trenasa es una filial de CAF que se dedica a construir, reparar y acondicionar trenes. Según LAB, es una subcontrata que permite a CAF sacar adelante el trabajo «con salarios más baratos y peores condiciones laborales». En este sentido, los trabajadores ven en este ERE una maniobra peligrosa, ya que CAF puede abrir y cerrar el grifo de encargos a su filial si lo que le conviene es destruir puestos de trabajo en el corto plazo.

«Sería fácil para ella plantear un expediente de suspensión y aprovechar para decirle a CAF que no le mande trabajo para todo este año, después plantear despidos con la excusa de no tener trabajo», denuncian en un escrito los responsables de LAB Rosalía Bona y Ramón Lacalzada. Ambos califican esta situación de «obscena y vergonzosa».

La documentación que ha aportado Trenasa al comité y que ahora, probablemente, esté valorando el Gobierno es un informe de 3.500 páginas. Los sindicatos consideran que se trata más bien una maniobra de distracción, dado que la información que solicitaron era otra.

El comité exigió un desglose de las horas de trabajo necesarias para sacar adelante los pedidos, así como de las horas extraordinarias de los últimos años, pero esos datos no aparece en ninguna de las 3.500 hojas de su informe.