El Consejo Supremo militar nunca protegió la revolución. Solo se protegió a sí mismo», asegura el activista Ahmed Maher, uno de los arquitectos del levantamiento que hace un año terminó con el régimen de Hosni Mubarak.

El año pasado, los egipcios elogiaron al Ejército por haberse negado a disparar contra los manifestantes en las protestas contra el régimen, que duraron dieciocho días, pero la popularidad de las Fuerzas Armadas ha caído en picado en los últimos meses, mientras crece el malestar público por la continua represión y el lento ritmo de las reformas. Muchos afirman que, desde la salida de Mubarak, los generales han tomado medidas para preservar los privilegios que la institución militar ha gozado desde que el Ejército diera un golpe de Estado hace casi sesenta años.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, integrado por los altos mandos militares de la era Mubarak, fue objeto de duras críticas cuando pretendió elaborar una legislación que le daba autoridad sobre cualquier Parlamento electo.

La propuesta fue descartada por la fuerte oposición de activistas y movimientos políticos, que condenaron los esfuerzos de los militares por consolidarse en el poder político y sacar el presupuesto castrense del control civil.

Los generales gobernantes tienen importantes intereses económicos en juego, incluyendo el control de 30% de la economía egipcia, por unos 180.000 millones de dólares, y un estipendio anual de Washington por 1.500 millones de dólares a cambio de mantener la paz con Israel.

Altos mandos militares controlan los negocios y balnearios turísticos, así como fábricas que producen todo, desde armas y vehículos hasta ropa y agua embotellada.

«Los militares controlan muchos sectores económicos, y ahora el Gobierno, que regula esos sectores», afirma Ahmed Sakr Ashour, profesor de Administración en la Universidad de Alejandría. «Puede ver por qué no quieren ceder (el poder)», agrega.

El Consejo Supremo, liderado por quien fuera durante mucho tiempo ministro de Defensa bajo la era Mubarak, Mohamed Hussein Tantawi, prometió ceder el poder a un Gobierno civil electo, pero sigue encontrando excusas para prolongar su control. Los generales trazaron un camino para la transición política del país demasiado intrincado y oscuro.

La nueva Cámara Baja del Parlamento egipcio se reunió el lunes 23 de enero, pero podría quedar otro mes para que se completen las elecciones de la Cámara Alta.

Los generales solo aceptaron acelerar las complejas elecciones, con varias rondas de votación, después de que se produjeran mortales enfrentamientos en noviembre, en medio de una serie de protestas para que se acelerara la transición.

El Consejo Supremo también adelantó los comicios presidenciales para el mes de junio, cuando en un principio estaban previstos para inicios de 2013.

Pura cosmética

Los militares se han resistido a derribar las instituciones que apoyaban el represivo régimen de Mubarak. Un tribunal ordenó desmantelar al exgobernante Partido Nacional Democrático, y sus antiguos líderes fueron sometidos a juicio, pero las autoridades mostraron deferencia hacia el propio Mubarak y su círculo más íntimo.

Muchos egipcios expresaron su indignación ante las imágenes de vídeo que mostraban a policías asignados a la seguridad de un tribunal saludando al exministro del Interior Habib El Adly cuando ingresaba, sin esposas ni escolta, para ser juzgado por cargos de «asesinato».

Los fiscales señalan que El-Adly ordenó a las fuerzas policiales bajo su responsabilidad abrir fuego contra manifestantes durante el levantamiento que comenzó en enero del año pasado.

Activistas sostienen que los jueces son indulgentes con oficiales de Policía acusados de matar a cientos de manifestantes durante la revuelta, y afirman que los cambios en el Ministerio del Interior son puramente cosméticos.

Muchos altos funcionarios implicados en abusos todavía no han sido despedidos ni depuradas sus responsabilidades.

Esa indulgencia contrasta con la actitud del Gobierno castrense respecto a la población. Desde que fue derrocado Mubarak, personal de seguridad ha utilizado la fuerza para dispersar manifestaciones, particularmente las críticas con los militares.

En setiembre, el Consejo Supremo renovó y extendió las leyes de emergencia de la era Mubarak, que le dan a la Policía el derecho a arrestar sin motivo ni orden judicial.

Más de 12.000 civiles, incluyendo manifestantes, han sido juzgados sin las debidas garantías por tribunales militares. Muchos se quejan de haber sufrido torturas y abusos en prisión, mientras algunas mujeres denunciaron haber sido sometidas a humillantes «pruebas de virginidad» estando bajo custodia.

«Los gobernantes militares de Egipto han fracasado por completo en el cumplimiento de sus promesas a los egipcios de mejorar en materia de derechos humanos, y en cambio han sido responsables de una serie de abusos que en algunos casos exceden el historial de Hosni Mubarak», señala la organización Amnistía Internacional.

La mano dura aplicada por el Consejo Supremo al activismo callejero coincidió con una campaña de difamación contra varios grupos de derechos humanos.

Los generales utilizan el aparato de medios del Estado para desacreditar a los oponentes, mostrando a los manifestantes y a las organizaciones que supervisan las elecciones como agentes del exterior que buscan socavar la soberanía nacional.

Los militares repetidamente hablan de una «mano invisible» que incita enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, que se han saldado con más de 80 personas muertas y miles de heridos en los últimos tres meses.

«La mano invisible es el propio Consejo Supremo», asegura Negad El-Borai. «El Ejército golpea a las personas, mata a los manifestantes en las calles y no ha implementado ninguna de las demandas de la revolución, y esa es la razón de la violencia», subraya.