El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH) expresó ayer su preocupación por Baltasar Garzón, condenado a once años de inhabilitación por el «caso Gürtel» y juzgado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Asimismo, consideró que la ley de amnistía de 1977 es contraria al derecho internacional. «Los jueces no deberían estar sujetos a persecuciones penales por haber hecho su trabajo. Nos preocupa», manifestó Rupert Colville, portavoz del OACDH. «España tiene la obligación según la legislación internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el pasado, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco. La justicia española debe perseguir y castigar a los responsables de estos crímenes si siguen vivos y hacer que se respete el derecho de las víctimas y sus familiares a pedir reparación», remarcó Colville.

Recordó que ya en 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de evaluar la aplicación del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos firmado por el Estado español, concluyó que Madrid debía «abrogar su ley de amnistía porque no era conforme a la legislación internacional».

Por otra parte, exiliados y organizaciones civiles de Latinoamérica, donde Garzón se hizo célebre por ordenar la detención del dictador chileno Augusto Pinochet y procesar a represores argentinos, rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo.

Las asociaciones de exiliados en el Estado francés subrayaron que es «el mundo al revés, el juez condenado y los acusados aplaudiendo».

La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Mireya García, tildó la condena de «juicio político que representa una vergüenza internacional».

Desde Argentina, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que Garzón «es molesto en España porque soplan otros vientos. Allí, hace 40 años guardaron silencio, pero el pueblo pide verdad, memoria y justicia».

Por contra, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, recordó que él ya dijo que era «un chuzador -término colombiano que se refiere a quien hace pinchazos telefónicos- y que chuzaba nada más y menos que a abogados. Eso ya no es una hipótesis, lo dice el Estado español». Ordónez remarcó que Garzón -que fue asesor de la Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz con paramilitares- no podrá ser asesor de autoridad alguna en su país.