Un despido más fácil y barato, la supresión de la autorización previa a la hora de iniciar un ERE, la posibilidad de que las empresas puedan «descolgarse» de los convenios colectivos si alegan dificultades económicas o la vía abierta al «trabajo social» de los parados son algunas de las medidas incluidas por el Gobierno español en la reforma laboral presentada ayer. El decreto ley, que entrará en vigor hoy mismo, será presentado el lunes a sindicatos y patronal españoles. Esta última, sin embargo, ya ha celebrado las nuevas medidas, calificándolas de «imprescindibles para la modernización y flexibilización» del mercado laboral. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que considera que habrá «una antes y un después» de la reforma, se escuda en la necesidad de «poner bases para crecer y crear empleo», según aseguró su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El ministro de Economía, el ex Lehman Brothers, Luis de Guindos, ya advirtió que el decreto ley sería «agresivo». La titular de Empleo, Fátima Báñez, lo calificó ayer de «histórico». Pero lo cierto es que únicamente el PP y organizaciones empresariales como la CEOE lo avalan. En el futuro deberá pasar por las Cortes españolas, donde podrá ser enmendado, pero para entonces ya estará en funcionamiento.

Según Báñez, el fin de la reforma es promover el empleo. Pero, paradójicamente, el grueso de las medidas facilitan que los empresarios prescindan de sus trabajadores. Además, se implementan novedades en torno a la contratación, los convenios y a la formación. Báñez, que enmarcó el «decretazo» dentro del paquete anticrisis aprobado en las últimas semanas, tuvo que reconocer que su iniciativa no recuperará la contratación a corto plazo. Según señaló, aspira a «detener la sangría» de paro.

El abaratamiento del despido constituye la principal novedad de la normativa. A partir de ahora, la indemnización por cese improcedente se reduce a 33 días por año trabajado, frente a los 45 que se abonaban en la actualidad, con un límite de 24 meses. La medida no es retroactiva, es decir, no afecta a los contratos ya firmados, aunque sí que se aplicará en todos los casos a partir de hoy. De este modo, quienes tienen un contrato indefinido con un despido a 45 días y son cesados, los cobrarán solo hasta el día de hoy. A partir de entonces, se someterán a los 33 días de la nueva norma.

La razón, de la empresa

La reforma laboral también fija los marcos para regular el «despido objetivo», con solo 20 días de indemnización por año trabajado (por un máximo de 12 meses) y que la empresa puede justificar por razones económicas, organizativas, técnicas o de producción.

Según el decreto, al empresario le bastará con justificar un descenso de los ingresos durante tres trimestres consecutivos para que el cese se considere procedente. Según Báñez, existirá «control judicial». De todos modos, será el trabajador quien tenga que acudir a los tribunales para denunciar la improcedencia de su cese, lo que generalizará esta fórmula.

Fuentes de Trabajo explicaron posteriormente que este formato sustituirá al denominado «despido exprés» (alternativa al improcedente y que se saldaba con 45 días por año durante 42 mensualidades).

Estas últimas iniciativas fueron especialmente celebradas por la patronal. La CEOE, a través de un comunicado, consideró que, de este modo, se pondrá fin al que considera un «desproporcionado número de despidos improcedentes» en el Estado español. A estas tesis se sumó también el PP, quien, por boca de Elvira Rodríguez, presidenta de la comisión de Economía del Congreso español, consideró que, a pesar de facilitar el despido, esta medida no multiplicará los ceses de empleados con mayor experiencia, sino que servirá para «mantener el tejido empresarial».

Siguiendo con la supresión de trabas al despido, el Gobierno español también elimina la autorización previa que hasta ahora regulaba los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Una medida que Báñez defendió apoyándose en la legislación europea, donde, según indicó, el plácet administrativo solo existe en Grecia. Fuentes de Trabajo matizaron posteriormente que con esta medida también se suprimen trabas a los ceses ya que se evita negociaciones previas con los sindicatos en las que llegaban a lograrse indemnizaciones de hasta 90 días.

La representatividad de las centrales queda también condicionada. A partir de hoy, los empresarios podrán «descolgarse» del convenio colectivo escudándose en la crisis. En caso de que no se llegase a un pacto, las empresas podrán recurrir al arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. Finalmente, se promocionan los acuerdos alcanzados dentro de la empresa frente a los convenios superiores.

En el ámbito de la colocación, el Ejecutivo español ha aprobado la creación de un nuevo contrato indefinido para pymes de menos de 50 trabajadores y autónomos que tendrá una deducción fiscal de 3.000 euros en el caso de que el empleado tenga menos de 30 años. También se prohíbe encadenar contratos temporales durante un período superior a 24 meses. Con el objetivo de recolocar a parados de larga duración, el Gobierno ha previsto que estos puedan cobrar el 25% de su subsidio al tiempo que reciben su sueldo. Los empresarios tendrían una deducción del 50% de lo que cobraba.

«El empresario será incentivado para que, en medio de la crisis, se atreva a contratar» dijo Báñez, que en su comparecencia no llegó a contestar la pregunta sobre si consideraba que facilitar los despidos es la fórmula para combatir el paro.