Blanca Urgell, la consejera de Cultura, lo reconocía ayer ante el pleno del Parlamento: el nuevo decreto de protección de la cueva de Praileaitz, cuya aprobación en el consejo de Gobierno estaba anunciada para finales del mes pasado, fue retirado de víspera y a toda prisa ante la publicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que, por esperada, no deja de ser demoledora. Los servicios jurídicos de Lakua estudian ahora un recurso ante el Supremo, aunque el coste económico que va a suponer el pago por daños a Zeleta S.L., concesionaria de la cantera de Deba, pone en cuestión el futuro de la cueva.

«Intentaremos que el coste sea el mínimo posible. En estos casos, cuando se valoran los daños causados, se hacen en metros cúbicos», apuntó, y reflexionó: están los 50 metros (perímetro de protección marcado por el decreto vigente, del 2007), luego la subida a 65 (la protección prevista en el nuevo decreto que se proponía aprobar su departamento) e incluso los 100 metros por los que apuestan la Diputación de Gipuzkoa y los grupos proteccionistas. La diferencia «es terrible», constató, en cuanto a los pagos que habría que efectuar en concepto a Zeleta S.L. «No es broma, porque si se sube a 65 metros, subirá en muchos millones».

Urgell comparecía a petición de Juanjo Agirrezabala, parlamentario de EA, quien le interpeló sobre el contenido de las nuevas medidas que plantea su departamento sobre la situación en la que se encuentra ahora la cueva de Praileaitz. La decisión de la sala segunda de lo contencioso del TSJV de dar la razón a la explotadora de la cantera de Deba, con lo que la Administración tendrá que pagar a Zeleta las «mermas económicas» causadas por las medidas de protección de la cueva ubicada en su concesión, ha paralizado la aprobación del nuevo decreto que amplía en quince metros la zona de seguridad. La cuestión es saber, como apuntó el parlamentario, qué piensa hacer Lakua y cuánto calcula que habrá que pagar.

Urgell fue poco precisa: habló de tomarse un tiempo para estudiar la nueva situación creada y también de que se intentará que el pago en compensaciones sea el mínimo posible -la sentencia obliga a realizar un nuevo peritaje: no admitía los 50 millones en «líquido» o los 83 millones en «especies», en forma de otra concesión de cantera, pedidos por Zeleta-. Y la consejera lanzó también la idea de que habría que reflexionar sobre el coste que supone mantener el patrimonio. Frente a los dos extremos, entre quienes creen que sale caro y quienes, por el contrario, mantienen que debe ser conservado a toda costa, su departamento afirmó que se encuentra en «un punto intermedio». Sí abogó entonces por la protección de Praileaitz y por la necesidad de ampliar la actual zona de seguridad, pero también apuntó, curiosamente, que es el nuevo decreto no aprobado el que protege actualmente la cueva.