Una seria de proyectos especialmente polémicos están siendo motivo de debate las últimas semanas en Nafarroa. Los proyectos de aperturas de nuevas canteras en Zilbeti, Baztán y en Espinal, el proyecto de destrucción de las huertas de Arantzadi en Iruñea, el proyecto de cementera-incineradora de Olazti en Sakana, las centrales térmicas de Castejón, el TAV o las lineas de Alta Tensión por mencionar algunas de ellas son pruebas irrefutables de que los impulsores del modelo capitalista-desarrollista -en una época de ofensiva neoliberal sin precedentes en Europa- no tienen escrúpulos en seguir adelante con este tipo de infraestructuras que son básicas para impulsar un modelo económico, social y medioambiental insostenible para la mayoría de la sociedad navarra.

El diagnóstico que realizamos sobre esta realidad y sobre los diferentes proyectos a los que hacemos frente es claro: la lógica del actual modelo y de los políticos que lo sostienen es la de trasvasar dinero público a manos privadas con un objetivo evidente, seguir acumulando riqueza y seguir engordando las cuentas corrientes de las élites económicas -llámense éstas FCC, Magna, Iberdrola o Acciona por citar algunas de ellas- a costa de seguir empobreciendo al conjunto de la sociedad navarra. Los intereses de una minoría prevalecen de forma obscena sobre los intereses colectivos y todo ello desde la falta más absoluta de transparencia y desde la falta del mínimo debate que debe preceder a este tipo de proyectos.

Ese es el motivo de la paradoja que vivimos hoy, mientras se reducen de forma drástica las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales de primera necesidad, se invierten miles de millones de euros en infraestructuras y proyectos que destruyen el territorio, que son altamente deficitarios y cuya rentabilidad social y económica es nula. Dos caras, macabras, de un mismo modelo económico y social.

La acumulación de riqueza por unos pocos es por tanto la naturaleza del modelo capitalista-desarrollista, y esa es asimismo la naturaleza de los recortes en servicios públicos, la de las privatizaciones, la de los despidos, la de la precarización de las condiciones laborales, la especulación inmobiliaria o la de despilfarrar miles de millones de euros en la construcción de proyectos destructivos y especulativos, muchas de las veces bajo el demagógico argumento de la creación de puestos de trabajo. Son aquellos gobernantes que defienden la construcción de estas infraestructuras, los mismos que curiosamente no tienen escrúpulos en destruir empleo público en educación, en sanidad, en prestaciones sociales, los mismos que impulsan el abaratamiento del despido o que aprueban sin complejo los ERE-s que se les presentan.

Ante esta difícil realidad es necesario articular una defensa popular de los derechos económicos, sociales y medioambientales de las personas que formamos parte de la mayoría social en navarra. Frente a un modelo basado en el expolio de lo público y la destrucción del territorio es hora de articular una alternativa basada en la defensa de los derechos colectivos. Una alternativa que debe pivotar inevitablemente en una planificación democrática del sector productivo, de la economía y del territorio y que tenga como claro referente el respeto los intereses y a la voluntad de la mayoría de la sociedad navarra. La alternativa hoy es posible y es necesaria.

(*) Firman asimismo este artículo Javier Castejon, Jesus Mari Tomás, Javier Urdin miembros de No al TAV, AHT Gelditu! Elkarlana, Plataforma de la Ribera + Centrales NO y Bardenas Ya respectivamente.