Al final de este mes apenas quedarán escoltas privados trabajando en la CAV
La mayoría de los concejales quedaron sin servicio de protección privada esta misma semana y en los próximos días se retirarán los de la judicatura a excepción de ocho jueces. Para el día 27, la empresa Ombuds se habrá hecho con la totalidad de los pocos servicios que queden.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
«Esto acabará como la nieve. Nadie sabe cuándo acaba, sólo se sabe que ya no está ahí». La metáfora de Jesús Eguiguren pretendía dar la imagen de cómo sería el final de ETA, pero a estas alturas resulta mucho más apropiada para explicar cómo han ido desapareciendo de las calles los escoltas privados.
Para cuando acabe este mes apenas quedarán ya unas pocas decenas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En el caso de Nafarroa la disminución resulta más lenta, aunque el resultado final será el mismo. En este territorio la contratación de los escoltas depende del Ministerio de Interior y las tareas de renovación de sus propias estructuras, tras el acceso del PP a la Moncloa, parecen haber ralentizado los movimientos en el ámbito de la seguridad privada. En cualquier caso, las intenciones de meter la tijera mostradas por el ministro, Jorge Fernández, son claras. Se estima que quedarán entre una octava y una décima parte de los servicios que en la actualidad están contratados.
Al terminar febrero, en la CAV tan solo contarán con protección privada algunos cargos del PP, unos pocos del PSE (sobre todo en Gipuzkoa), ocho jueces, algunos casos aislados excepcionales y mujeres víctimas de la violencia machista.
El pasado martes decenas de escoltas recibieron la orden de dejar de acompañar a concejales que todavía no habían renunciado a su escolta. En los próximos días se suprimirán los servicios a unos 75 jueces, lo que supone al menos otro centenar de guardaespaldas menos.
Ombuds se queda con todo
En este contexto, la mayoría de las empresas -a las que de hecho ya se les estaban acabando los contratos- han procedido a presentar expedientes de regulación y a renunciar a los «lotes» que tenían adjudicados.
En los ámbitos relacionados con la seguridad privada se estima que para el 27 de febrero la empresa Ombuds, única que ha mostrado intención de seguir trabajando con el Departamento de Interior del Gobierno de Lakua, se habrá hecho con todos los servicios de escolta.
No obstante, esto supone que apenas unas pocas decenas de protecciones las que haya que cubrir, por lo que la mayoría de los empleados de Ombuds tampoco tendrán trabajo.
Ombuds es una empresa de seguridad en creciente expansión cuyo consejero delegado y administrador único en la actualidad es Rodrigo Cortina López. Probablemente, el apellido Cortina y la palabra seguridad se les hagan familiares.
Rodrigo Cortina López es sobrino de José Luis Cortina Prieto, comandante del Cesid que apareció implicado en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, aunque finalmente fue absuelto. Pese a que se reincorporó al Ejército, luego abrió la empresa «I2V», dedicada a la asesoría militar y de seguridad. El libro «Memorias de un ultra», de Juanma Crespo, sitúa a José Luis Cortina como directivo en la sombra de la empresa que dirige Rodrigo Cortina. Durante un tiempo, Antonio Cortina Prieto, hermano del comandante y padre de Rodrigo, fue el apoderado de Ombuds.
Ombuds ha ido haciéndose con una gran gran cartera de lotes de protección, tanto dependientes del Gobierno de Lakua como del Ministerio de Interior. Las condiciones de trabajo que ofrecen a sus escoltas no han sido las mejores dentro del mercado de la seguridad, lo que era comentado por los guardaespaldas de otras firmas, pero ahora se da la circunstancia de que es la única que va a quedar en activo en la CAV. I.I.
Las asociaciones de escoltas están tratando de convencer a las instituciones de que les contraten para labores de protección de mujeres víctimas de la violencia machista o para otras funciones que hoy tienen las FSE.
