Al trajeado Paquito Camps lo han titulado doctor «cum laude» (con alabanza, laureado, vamos, lo más de lo más) y no en Corte y Confección sino en Derecho por la Universidad de Elche. Dicen que hasta la famosa Dama de dicha ciudad rompió a aplaudir con las orejas provocando algún que otro herido al ser alcanzados por esa especie de ensaimadas gigantes que cubre sus apéndices auditivos. Paquito laureado doctor en Derecho, una aportación más a la Justicia española. La misma Justicia que, a través de la portavoz de su Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la simpática Gabriela Bravo, afirma refiriéndose a Urdangarín, que «no todos los imputados son iguales». Bravo por Gabriela. Al fin y al cabo uno es Duque por voluntad de Dios o de los reyes por él elegidos. Por ello, querido lector, a ti, con la confianza y acercamiento que da el tuteo, entre pregunta y pregunta, eres ahostiado amablemente en los interrogatorios. Mientras que a Él, al ser interpelado, le dicen Excelentísimo Señor. Todo muy frío y desagradable. Los gajes del cargo.

Para compensarnos por lo Paquito y lo del Excelentísimo Señor Iñaki, la Justicia española, desde ayer, existe el nuevo Real Decreto-Ley 3/2012, pensado para nosotros, los de a pie. Como con la subida de impuestos a las rentas del trabajo (las nuestras, queridos) nos mostramos un poquito fríos, gobierno y patronal quedáronse preocupados, así que, sin dilación, de manera diligente, Luis de Guindos, ministro de Economía, y Fátima Báñez ministra de Empleo y Seguridad Social pusiéronse manos a la obra (opus en latín), para darnos lo merecido y salvarnos de la crisis.

De momento, venciendo la perniciosa dicotomía de lo público y lo privado, fuente de tantas discordias y bajada general de salarios. La igualdad es la base en la que se asienta todo sistema que quiera denominarse como democrático. Así, cuando los directivos de una empresa necesiten ganar en competitividad, tendrán la potestad (Libertad) de modificar la cuantía salarial de los empleados (Fraternidad), centrándose en los menos productivos (Igualdad).

Para facilitar creación de empleo, se facilitan y abaratan los despidos. Durante el primer año de contrato el despido será totalmente gratis. Si a juicio del patrón los beneficios de la empresa durante nueve meses no son los esperados, podrá despedir pagando 20 días por año trabajado (8 de los cuales los pagará Fogasa) con un máximo de 12 mensualidades. El despido improcedente costará 33 días por año.

El afortunado que esté percibiendo la prestación por desempleo en el momento de firmar el contrato podrá cobrar un 25% de la prestación mientras esté trabajando y así el patrón se ahorrará el 50% de las cotizaciones sociales correspondientes a ese trabajador durante el mismo período. Solidaridad entre las clases. Al fin y al cabo todos vamos en el mismo barco. Así que a remar todos en la misma dirección. La que marque el patrón.

Veis como dejando nuestros intereses en manos de los que nos representan las cosas se arreglan la mar de bien.