Cuando oímos comentarios tales como «con esas instalaciones, ¿quién no quiere entrar en la nueva prisión? Con la que está cayendo: techo, comida y médico gratis», pensamos en el desconocimiento que se tiene de la institución penitenciaria. Del nuevo Centro Penitenciario sólo se han oído «maravillas», fundamentalmente de la piscina. La respuesta social sólo ha sido dirigida hacia su ubicación. Muy pocos se han planteado si Nafarroa necesitaba una cárcel de estas dimensiones y si no sería mejor dotar de más medios para el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión. Pocos son los que se plantean que para controlar a una persona (privada de libertad) en el siglo XXI se sigan empleando medios de la Edad Media, teniendo toda la tecnología a nuestro alcance. La privación de libertad, encerrado entre muros, no tiene sentido salvo en los casos extremos.

Si el fin de la sociedad con los penados fuese que vivan alejados de nosotros, este centro cumple perfectamente esta finalidad, pero la Constitución en su artículo 25.2 dice, entre otras cosas, que la finalidad de las penas estarán orientadas a la reeducación y reinserción social, y la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 1º, dice: «Las Instituciones Penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados». En definitiva, todas las administraciones (estatales, autonómicas y municipales) deben garantizar la atención a las personas condenadas con los recursos profesionales y materiales que sean necesarios para conseguir el fin último de la pena. Pues bien, tenemos inaugurado oficialmente, según el BOE (24/11/11), el nuevo Centro Penitenciario de Navarra Pamplona 1 y el Centro de Inserción Social dependiente de la cárcel, todo en el mismo complejo . ¿Y ahora qué? Queda pendiente el cierre de la cárcel de San Juan y el traslado de personal.

Si se quieren conseguir los objetivos marcados en la ley, es preciso dotar al nuevo centro de personal en cantidad y calidad suficiente para que ningún penado tenga restringidos sus derechos sociales y sanitarios, y de un Plan de Intervención en el que se implique la sociedad navarra con su Gobierno al frente. Esta necesidad de planificación también debe abordar el servicio de cocina, donde a la carga de trabajo se unen los agravios comparativos por el hecho de que haya personal dependiente del Gobierno de Nafarroa y de Instituciones Penitenciarias.

La nueva cárcel de Iruñea es lo suficientemente amplia como para acoger a todos los navarros que cumplen condena, pero esta amplitud no debe ser una excusa para abusar ni de la prisión preventiva ni de la aplicación restrictiva del Reglamento Penitenciario. Nafarroa tiene capacidad para garantizar un digno cumplimiento en todas las fases de una condena tanto privativa como no privativa de libertad y debe hacerlo, ya que estamos hablando de los ciudadanos de esta comunidad, y todo Gobierno que se precie está al servicio de ella. Si bien es cierto que la atención a los presos y penados es un asunto de poco interés para la ciudadanía, estos tienen los mismos derechos a ser atendidos que cualquier otra persona que acuda a otro servicio, y los gobernantes tienen la obligación de atender a todos los sectores de la población por muy poco interés o simpatía que provoquen en la sociedad.

Una realidad que fortalece la idea de que se asuman competencias por parte del Gobierno foral es el gran número de medidas penales alternativas y de penados a privación de libertad que utilizan la red de servicios sanitarios, sociales, laborales y formativos que hay en Nafarroa. De hecho, el perfil de la mayoría de condenados a medidas alternativas se adapta a los recursos existentes, pero hay un pequeño grupo de enfermos mentales y de patologías duales que precisan de unos recursos residenciales, inexistentes o insuficientes, de media y larga estancia con mayor nivel de contención. Estos recursos son responsabilidad del Gobierno de Nafarroa, se lo debe a los enfermos y a sus familiares.

En Nafarroa deberíamos anticiparnos a una inauguración de la cárcel en precario y dotar de medios humanos en número y cualificación al nuevo centro para que la dignidad del preso no sufra ningún menoscabo. Es preciso que el Gobierno de Nafarroa se implique, que asuma su responsabilidad y facilite las cosas a los internos, a sus familiares y a los condenados a medidas penales alternativas. En el corto plazo es necesario prever: parada de autobús cercana, aumentar las plazas en centros de rehabilitación de drogodependientes, salidas hospitalarias dignas, cursos de capacitación laboral y preparar itinerarios de incorporación social y laboral, recursos de acogida, recursos residenciales, dotar de más medios humanos a los Centros de Salud Mental...

El Gobierno de Nafarroa tiene una responsabilidad con todos sus ciudadanos, por lo que debe asumir las competencias penitenciarias, y tiene que implicarse en que la política penitenciaria se cumpla de la manera más garantista posible.