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El PSE acusa de «opacidad» a GHK y tilda de «delirio» el sistema puerta a puerta

El PSE alertó ayer de los costes que podría tener la moratoria en la construcción de la incineradora de Zubieta. Al parecer, las empresas adjudicatarias han pedido una aclaración «inmediata» sobre el proyecto.

Imanol INTZIARTE | DONOSTIA

La gestión de los residuos en Gipuzkoa, con todas sus derivadas, vivió ayer un nuevo capítulo con unas manifestaciones de Denis Itxaso (PSE) en las que acusó a Bildu de gestionar el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), donde la coalición cuenta con mayoría absoluta, desde «la opacidad y el oscurantismo».

Itxaso, consejero de GHK, se refería a una carta supuestamente remitida al Consorcio por las empresas adjudicatarias de la construcción de la incineradora y filtrada el pasado fin de semana a algunos medios de comunicación.

En esa misiva, las firmas FCC, Serbitzu, Altuna y Uria, Moyua y AEE Innova denunciaban que la actual moratoria de seis meses -acordada por Bildu y el PNV en el marco de un acuerdo para dar salida a los Presupuestos forales- les está causando un grave perjuicio económico, por lo que exigen una aclaración «inmediata» de cuál va a ser el futuro de esta infraestructura.

Itxaso consideró que esta demanda es «la antesala de una inevitable judicialización y de una reclamación de dinero público que se adeuda porque no se quiere hacer frente a la cruda realidad».

Aseguró asimismo que la pasada semana hubo una reunión de GHK con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que «no dio los resultados esperados. El BEI ha cortado el grifo del crédito hasta que se presente una alternativa viable. Todos sabemos que el delirio del puerta a puerta no sirve como alternativa al Plan de Residuos». Ante esta situación, el representante del PSE instó al PNV a que retire el «cheque en blanco» que otorgó a Bildu en las Juntas.

Moción jeltzale en Donostia

Por su parte, la formación jeltzale llevará este jueves al Pleno de Donostia una moción en la que se pedirá la reprobación de la concejala de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Nora Galparsoro, por «apoyar con su voto la suspensión unilateral del convenio entre el Ayuntamiento y GHK».

Dicha suspensión supuso el aplazamiento del pago de 1.062.500 euros -la cuarta parte del total- que GHK debía abonar al Consistorio como compensación por los daños medioambientales causados por la construcción de la incineradora.

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