La actual reforma laboral llega precedida de otras siete que abrieron ese camino de desregulación de los derechos sociolaborales básicos en el mundo del trabajo. Un recorrido de 28 años que marca una profundización del empobrecimiento futuro de la clase trabajadora, según el texto de esta última reforma. Las siete grandes modificaciones de la regulación laboral comenzaron en 1984 con Felipe González (PSOE) de presidente de Gobierno español. Se ha saltado a la octava, la actual, donde el Gobierno español de Mariano Rajoy (PP) ha cerrado este círculo que otorga al empresario la posibilidad de contratar a un trabajador por la vía de la formación hasta los 33 años, con un salario de 500 euros y sin pagar impuestos o, entre otras ventajas, permite la posibilidad de «despedir a un trabajador por faltar diez días al trabajo durante dos meses, aún con baja médica justificada». También consagra el despido libre en el primer año de contratación por formación. Lo que está escrito en la reforma conduce a la caída de los salarios y convierte a los centros de trabajo en más precarios, como auguran sindicatos y economistas destacados. Empresarios y gobiernos siempre han justificado los recortes laborales y sociales al objeto de crear más empleo y dar mayor seguridad al trabajador, cosa que no han logrado en ninguna de las ocasiones, tal y como demuestran las estadísticas oficiales de paro y contratación.

De hecho, en estos cuatro años de crisis económica se ha duplicado la tasa de paro y los contratos de trabajo se mantienen desde hace más de dos décadas en tasas de temporalidad que superan el 90%, lo que quiere decir abiertamente, al contrario de lo que explican los empresarios, que no sólo es fácil despedir, sino también contratar en condiciones de temporalidad extrema.

Más daño al mercado laboral vasco

La nueva reforma hace mucho daño al mercado laboral vasco porque iguala las condiciones con el español. «Es un paso al empobrecimiento y a la pérdida de derechos salariales, sociales y laborales, que se han logrado en el ámbito vasco con una disciplina y lucha eficaces por parte de sindicatos y trabajadores», como denuncian los sindicatos. Para empezar, los salarios han perdido durante los últimos años, tanto de crisis como de bonanza, siete puntos en el reparto de la riqueza de Hego Euskal Herria. Tal degradación en el Estado español ha provocado, por ejemplo, que las rentas empresariales superen «por primera vez» a las salariales, teniendo en cuenta la enorme diferencia existente entre el número total de trabajadores y de empresarios, según refleja la contabilidad oficial que hizo público el INE la pasada semana.

Los últimos datos publicados por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL-LHK) confirman que el coste salarial ordinario de un trabajador vasco entre 2008 y 2010 creció un 0,78% e indica que, al contrario de lo que opinan los empresarios, la productividad laboral por persona empleada en las empresas vascas, dentro de la Unión Europea e incluyendo a Estados Unidos, se encuentra a la cabeza de las estadísticas europeas, según los últimos datos de 2009. Tras Luxemburgo, Estados Unidos e Irlanda está situada la productividad vasca por empleado, mientras que si se utiliza el indicador de productividad media por hora trabajada medida sobre la riqueza que se genera (PIB), muestra que la Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se encuentran en lo más alto de la actividad, solo por detrás de Luxemburgo, pero por delante de Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Estado francés, Alemania, Irlanda y Austria. La riqueza por persona en Hego Euskal Herria en los primeros diez años de este siglo se situó entre un 26,6% y un 27,7% por encima de la media del Estado español y el PIB desde 1980 a 2010 creció a un ritmo del 9,8% de media, muy lejos de lo que crecieron los salarios laborales.

De esta forma, queda caro que la última reforma perjudicará más al modelo vasco.

1984, llega la temporalidad

Es evidente que las reformas solo han conseguido esa desregulación laboral que favorece a la patronal. Así, nada más llegar Felipe González a la presidencia del Gobierno español desarrolló la reforma laboral en 1984, que potenció los mecanismos de la temporalidad, mientras incentivó a los empresarios por la contratación sin seguridad para el trabajador.

En 1992, el equipo de González aprobó un «decretazo» por el que se recortaban las prestaciones por desempleo y, a la vez, estableció nuevas y mejores incentivos para ganar en temporalidad. En 1994 se ampliaron las causas objetivas del despido, ya que añadió las causas organizativas y se permitió despedir sin autorización al 10% de la plantilla. En esta época entraron en escena las empresas de trabajo temporal (ETT), que han ido ocupando más terreno en el mercado laboral, hasta esta última reforma del PP que les permitirá ser agencias de colocación, con lo que podrán obtener mayores ingresos por la cesión de trabajadores.

En la siguiente reforma, en 1997, se llegó al contrato fijo con despidos de 33 días para jóvenes y mujeres. El objetivo de la misma consistió en reducir la temporalidad, que en aquel momento afectaba en el Estado español a más del 35% de los ocupados y, en torno, del 32% en Hego Euskal Herria. En 2001 el Gobierno del PP aprobó por decreto la reforma laboral que consistió en ampliar el contrato fijo de fomento del empleo a nuevos colectivos, manteniendo la indemnización de 33 días por año. Además se encarecieron los contratos temporales al aplicarles una indemnización de ocho días y flexibilizaba el contrato a tiempo parcial. Llegaron los contratos de relevo para trabajadores mayores de 65 años. Las importantes ayudas que se concedieron, más de 4.000 millones, permitieron disminuir la contratación temporal hasta diciembre de ese año, pero después volvió a incrementarse.

Contratos encadenados

En 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero, se impulsó otra para, en teoría, reducir precariedad. En principio, se limitó el encadenamiento abusivo de contratos, que nunca se ha conseguido. De hecho, pese a conocerse esa irregularidad, ni la Inspección de Trabajo ni la Autoridad Laboral actuaron frente a estos abusos. En 2010, el mismo presidente, sumiso a los postulados neoliberales, acepta abrir la puerta al abaratamiento del despido y permitir una contratación más vulnerable para el trabajador.

El Gobierno español del PSOE permitió a las empresas que justificasen una situación económica negativa podrían despedir a los trabajadores con 20 días por año, frente a los 45 días del despido improcedente, se universaliza el contrato de fijo con una indemnización de 33 días y se permite que las empresas en situación difícil por la crisis puedan cambiar las condiciones de trabajo de los empleados. Sin embargo, ni ha servido para crear empleo ni para estabilizarlo.

De ahí que nada más llegar Rajoy, en menos de tres meses, haya aprobado la octava reforma laboral importante, que otorga plenos poderes a los empresarios para modificar las condiciones laborales y salariales. Permite cambios en la organización del trabajo y la reducción de los salarios, mediante el descuelgue de los convenios colectivos.