El Gobierno de Lakua presentó ayer el borrador del decreto de reparación a las víctimas de la violencia estatal del periodo que va de 1968 a 1978 y anunció que estudiará la petición que se recoge en algunas de las alegaciones presentadas de que dicho plazo se amplíe hasta 1960. Que la fecha actual de inicio sea el 1 de enero de 1968 se determinó oficialmente «en correspondencia con la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999», que era la vigente cuando el Ejecutivo autonómico y el Parlamento iniciaron sus trabajos. Una reforma de la ley de setiembre de 2011 retrasó la fecha hasta el 1 de enero de 1960 para poder acoger a la familia de la niña Begoña Urroz, muerta en Donostia en una explosión reivindicada por el DRIL. Esto ha hecho que haya alegaciones que soliciten que también este decreto arranque en 1960. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, dijo que se estudiará la petición y se le dará una respuesta.

La consejera compareció en rueda de prensa junto a la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y a la jurista Manuela Carmena, encargada de esta materia, para presentar el borrador de decreto, que coincide con el que GARA adelantó el pasado 19 de enero.

No es habitual que el Gobierno presente los borradores de sus decretos, aunque en este caso parece haber un interés doble en hacerlo. Por un lado, dar publicidad a que se está trabajando la materia, lo que hizo que se expusiera públicamente en la web Irekia para recoger aportaciones. Pero, por otro lado, es evidente que el Departamento de Justicia pretendía atajar una campaña que se ha puesto en marcha en medios de la derecha y el ámbito de determinadas «víctimas del terrorismo», dando a entender que el Gabinete de Patxi López iba a pagar hasta 390.000 euros a miembros de ETA. De ahí que el título de la nota de prensa entregada ayer fuera que el decreto «no contempla» reparar a quienes sufrieran daños «en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política».

Sí contempla a «Txiki» y Otaegi

A las medidas de reparación que se recogen en este borrador de decreto pueden acogerse los familiares de fallecidos en acciones de las FSE e «incontrolados» hasta el 31 de diciembre de 1978, y aquellas personas que sufrieron lesiones que les hayan producido invalidez o diversos grados de incapacidad. Una comisión analizará cada solicitud de reparación. La casuística es diversa y contempla disparos en controles, disolución de manifestaciones e incluso la muerte producida a la salida de un certamen de canción en euskara en una discoteca por disparos de un guardia civil.

El siguiente decreto, a esperar

Este primer decreto que contempla el periodo de la dictadura y del E0stado preconstitucional tenía que haberse aprobado por el Gobierno antes de finalizar 2011, según el mandato parlamentario. Todavía no hay fecha exacta para que acabe su tramitación. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, espera que pueda entrar en vigor «en primavera».

Vistos los plazos manejados, se hace prácticamente imposible que el decreto que regule la reparación de las víctimas desde 1979 hasta la actualidad pueda aprobarse en lo que queda de legislatura. Mendia dijo que «no es descartable», pero insistió en que los esfuerzos del Gobierno se centrarán en la «tarea ingente» de «afianzar y poner en marcha» el decreto que se detiene en 1978.

La consejera no ocultó en su comparecencia de ayer que «si este ha sido difícil, el siguiente lo va a ser mucho más».