Más que presentar los detalles del borrador del decreto, la Consejería de Justicia trató ayer de «tranquilizar» a determinadas asociaciones de «victimas del terrorismo» y a sus agitadores mediáticos, para asegurarles que no ha sido abducida por la izquierda abertzale o, como dijo textualmente Idoia Mendia, que «el Gobierno Vasco no ha asumido las tesis de quienes nunca han condenado a ETA». Y aunque el decreto tiene elementos positivos, los temores reverenciales que muestra Lakua no son un buen principio. Como no lo es tampoco pretender que las conculcaciones de derechos humanos por parte del Estado son una consecuencia de la actividad de ETA. Asegurar que «el origen de toda la violencia es ETA», como hizo Mendia el 22 de setiembre y en cierta forma volvió a reiterar ayer, distorsiona la realidad. Las muertes en controles o en manifestaciones no se deben a que existiera ETA, sino a la dinámica interna de una dictadura. Como los casos de tortura no son un exceso de algunos agentes descarriados, sino el resultado de una práctica consentida y en ocasiones alentada desde el poder.

El Gobierno de Lakua dice que este decreto viene a reparar la injusticia y la discriminación que han padecido estas víctimas. Y, acto seguido, incluye aspectos que las discriminan frente a las «víctimas del terrorismo». Por un lado, las indemnizaciones que contempla son sustancialmente menores. Pero, además, hay un elemento tan extraño como llamativo: la comisión de valoración incluye a un miembro de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Junto a esto, ayer quedó claro que en la presente legislatura no se va a poner en marcha el decreto que aborde la cuestión de las víctimas de la violencia estatal desde 1979 hasta la actualidad. Porque este Gobierno no solo tiene temor a los sectores más extremos de las «víctimas del terrorismo», sino también sufre un miedo paralizante a mirar cara a cara a la realidad de que el llamado estado democrático ha recurrido a la violencia y a la conculcación de derechos humanos para intentar acabar con ETA y con la izquierda abertzale.