NUEVO TIEMPO EN EUSKAL HERRIA
Herrira, izquierda abertzale y PNV niegan base legal al rechazo de los acercamientos
GARA
El movimiento Herrira, la izquierda abertzale y el diputado del PNV y jurista Emilio Olabarria destacaron ayer que el rechazo colectivo del Ministerio de Interior a las solicitudes individuales de presos vascos de ser repatriados a Euskal Herria y de que se ponga en libertad a los gravemente enfermos y quienes han cumplido condena, carece de base legal. El ministro Jorge Fernández justificó la decisión alegando un supuesto «fraude de ley» porque no había «arrepentimiento» de los presos.
El movimiento Herrira señaló, a través de una nota, de prensa que los argumentos que utiliza el Ministerio «no corresponden a la realidad». La negativa a las peticiones de los presos «conlleva seguir vulnerando sus derechos fundamentales» y «va en contra del deseo y opinión mayoritaria de la sociedad vasca» que exige que éstos sean respetados. Además, a su entender, «demuestra que la política que se aplica al Colectivo de Presos y Presas sigue basada en la venganza y el chantaje. Sigue en parámetros del pasado».
Herrira sostiene que «para superar la situación de los presos y presas son necesarios movimientos por parte del Gobierno con cambios sustanciales» Reclama a Madrid que actúe «con la responsabilidad que requiere la situación». Herrira considera que «le corresponde al Gobierno poner en favor de un proceso de paz todos los medios, leyes, medidas», pero que «hoy en día hace lo contrario, aplicar leyes de excepción utilizándolas para hacer diferencia entre vencedores y vencidos». Concluye que el Gabinete de Rajoy «busca sus propios logros y beneficios manteniendo una posición inmovilista».
La portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu criticó que Madrid pretenda escudarse en un supuesto fraude de ley cuando es el Gobierno español «el que lleva décadas burlando su propia legislación penitenciaria, aplicando a los presos y presas políticas vascas medidas de absoluta excepcionalidad, de manera colectiva y permanente».
Ugarteburu denuncia que «mantener esas medidas de excepción contra los presos y presas políticas vascas, supone una grave vulneración de derechos humanos. De hecho -subraya- a día de hoy, constituye la más grave vulneración de derechos que se está ejerciendo contra ciudadanos y ciudadanas vascas».
La izquierda abertzale destaca la importancia de la política penitenciaria en el camino de la normalización. Y añade que «un primer paso de urgencia debería ser la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a los presos y presas políticas vascas, dejando de lado las medidas de excepción».
Por su parte, el diputado del PNV en el Congreso y exvocal del CGPJ, Emilio Olabarria, aseguró ayer que la declaración del ministro constituye «la manifestación consciente o inconsciente de una arbitrariedad» porque la legislación penitenciaria «no exige» arrepentimiento sino la ruptura con el hecho delictivo.
En defensa de los derechos de los presos políticos vascos, ayer se registraron movilizaciones en Altsasu (56), Ataun (29), Zaldibia (18), Euba (10), Ordizia (20), Iruñea (115, ante la sede del PP), Sopela (24), Gernika (57), Zaldibar (24), Iurreta (35), Zorrotza (25), Laudio (37), Otxarkoaga (18), Abadiño (7) y Astigarraga (22).
