El eco que han alcanzando las imágenes de las cargas de los antidisturbios contra los estudiantes de Valencia han llevado al Gobierno del PP a hacer movimientos para que no cunda el ejemplo de las protestas y no se dé carburante para que una primavera socialmente «caliente» pueda prender. Nada de lo ocurrido en Valencia puede considerarse como un desliz o un error de cálculo policial, como una extralimitación de funciones. No hay ninguna casualidad. Al contrario, el PP sabía perfectamente que sus decisiones harían inevitables las protestas, tenía previsto que encendería unos ánimos ya de por sí muy cargados por años de recortes y medias antisociales. Su receta estaba prescrita: ser ejemplarizantes al extender el miedo y criminalizar la contestación, retratándola en los medios como minoritaria e infiltrada, y que solo quiere subvertir el resultado de las urnas.

Los estudiantes -según el jefe de la Policía de Valencia, «el enemigo»- protestan por la falta de medios para estudiar. El PP, hoy en el Gobierno, les ha querido dar una respuesta que sirva de lección. La misma que el Estado, con independencia de quien gobierne, aplica a todos aquellos que osan rebelarse y exigen una sociedad más justa.