El Gobierno de Lakua ha encomendado al exfiscal Carlos Jiménez Villarejo que recabe avales para que Baltasar Garzón obtenga el premio René Cassin, que concede el Departamento de Justicia a quienes se han destacado por su compromiso en la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos. Es precisamente este hecho, que el Ejecutivo autonómico promueva la candidatura de una persona concreta para hacerse con el galardón -que en principio decide un jurado-, lo primero que llama la atención. Y lo hace además en sentido negativo, porque a la vista de esta información podría deducirse que el Gobierno ha decidido el premiado saltándose el procedimiento establecido y antes de hacer pública la convocatoria. Sería deseable que el Departamento que dirige Idoia Mendia diera las explicaciones pertinentes.

Con todo, la elección de Garzón dice mucho del concepto que el Gabinete de Patxi López tiene de la promoción y defensa de los derechos humanos. Aun dejándose llevar por la ola de solidaridad desatada en ciertos sectores del Estado en favor del exmagistrado, los responsables de Lakua no pueden pasar por alto que el responsable de la teoría del «todo es ETA», tan perversa desde el punto de vista democrático, es responsable del cierre de medios como «Egin» y la ilegalización de un buen número de organismos sociales y políticos, de haber enviado a la cárcel a muchos hombres y mujeres de este país por su militancia política y de haber hecho caso omiso de espeluznantes testimonios de torturas. ¿Es eso lo que pretenden premiar? Si es así, deben ser conscientes de que una buena parte de la sociedad vasca se va a sentir agredida y ofendida.

El lehendakari dijo en estas páginas que la permanencia de Arnaldo Otegi en prisión es contraria a la opinión y al sentimiento de la sociedad vasca, pero quiere premiar al juez que comandó la operación que le llevó a la cárcel por trabajar en favor de la paz. Premiar a Garzón es premiar la represión y el sufrimiento.